Durante el primer año legal de la 65 Legislatura local, el Pleno aprobó cuatro decretos y 38 puntos de acuerdo sobre asuntos de movilidad e infraestructura a fin de garantizar el libre tránsito de las personas.
Entre las reformas avaladas, destaca la modificación a la Ley de Movilidad de Oaxaca, con la cual se busca proteger la seguridad de las usuarias y combatir la violencia de género en el transporte público.
Con el cambio a los artículos 27, 37 y 177, será obligatorio para todos contar con capacitación en perspectiva de género para obtener o renovar la licencia de conducir. Este requisito será para todos los interesados en ser autorizados para la conducción de vehículos en la vía pública, incluyendo a concesionarios y operadores del servicio público y especial transporte.
Se aprobó también la reforma a la fracción XII del artículo 38 de la Ley de Tránsito y Vialidad, para fijar paradas de abordaje y descenso en el transporte público a fin de que exista flujo de vehículos, así como horarios de carga y descarga de camiones en la vía pública.
Igualmente, se agregó un tercer párrafo al artículo 21 de la Ley de Movilidad, para que sea labor de la Secretaría de Movilidad generar planes de contingencia y rutas alternas cuando una obra pública afecte la movilidad de personas y vehículos.
Asimismo, se modificó el artículo 3 de la Ley del Organismo Operador Público de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, para que sea una obligación del gobierno estatal atender la falta de tapas de alcantarillado para evitar accidentes en peatones y automovilistas.
Sobre los puntos de acuerdo, los llamados fueron dirigidos a la Policía Vial Estatal y Municipal a evitar el abuso de poder y corrupción durante los operativos implementados, así como abstenerse de retener licencias, tarjetas de circulación y placas a los automovilistas.
También se solicitó a los operadores del transporte público a capacitarse en movilidad segura e incluyente para brindar un servicio de calidad a las personas con discapacidad. Y se llamó a las autoridades municipales y al gobierno estatal a rehabilitar los caminos y carreteras afectadas.
