Uriel Pérez García
Buscar soluciones a las múltiples problemáticas que se enfrenta todo gobierno, suele oscilar entre la improvisación y la elaboración de políticas públicas pero sin otra salida que permita escapar de la constante disyuntiva de anteponer los intereses políticos, de partidos concretamente, en las decisiones que en algunos casos más que en otros, requiere de estudios de factibilidad y análisis técnicos profundos que posibiliten atacar las causas del problema y otorgar soluciones reales.
Esta disyuntiva no es reciente, por el contrario tiene su origen en el área académica con los planteamientos que desde los inicios de la formalización del estudio de la administración pública se suscitaron entre lo que se conoce como la corriente ortodoxa y su contra parte la tendencia heterodoxa, que plantean contradicciones entre la incidencia de la política en la administración por una parte y la separación de estos dos elementos en la toma de decisiones por otro lado.
Desde la perspectiva ortodoxa, se expone que las decisiones que se toman en el campo de lo público deben suscitarse a partir de la profesionalización de la administración pública, bajo criterios técnicos que establezcan la claridad en los procesos como los que se emplean en el área de la administración privada.
En contraparte la óptica heterodoxa plantea que la administración de lo público no debe tener necesariamente un vínculo con la administración de los negocios, puesto que los gobiernos son totalmente diferentes a cualquier otro tipo de organización y por tanto requiere de cualidades diversas que pasa por una especie de sensibilidad política orientada a promover el bien común, es decir no puede separarse de este carácter político al momento de tomar decisiones en la administración pública.
Podemos retomar lo suscitado recientemente con la discusión respecto de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la permanencia del ejercito en tareas de seguridad pública; el rechazo a la reforma eléctrica impulsada por el presidente y sin duda la actual discusión de la reforma electoral, que como en los casos anteriores la disputa se centra en la arena de las descalificaciones fuera de los argumentos y valoraciones técnicas.
Si quisiéramos desmenuzar o encontrar una explicación al contexto descrito, partiríamos por señalar que uno de los problemas que podríamos revisar de entrada, es que la agenda política y la agenda pública marcan el ritmo de la administración y lo que se dice o dicen los medios de comunicación invariablemente afecta la toma de decisiones en función del interés político en turno.
Máxime cuando hablamos de una democracia representativa basada en elecciones, el escenario se vuelve propicio para “quedar bien” con el pueblo que eligió a los representantes y gobernantes imperando la lucha partidista en el impulso de acciones que sean más redituables electoralmente más allá de la mejora de servicios y atención de necesidades de la ciudadanía.
Sin demeritar la democracia, una solución potencial tiene que ver con un planteamiento que procure separar la política de la administración pública, pero no del todo, puesto que como bien lo plantea la corriente heterodoxa, el gobierno es un ente distinto que requiere de esa sensibilidad para orientar las acciones al bien común, eso sí, dejando de lado el reparto de cuotas, las disputas por los recursos económicos y las pugnas partidistas al momento de elaborar políticas públicas.
Una tarea nada sencilla, pero tampoco imposible si se tiene la voluntad de encontrar el equilibrio entre lo político y lo técnico, condición que puede cumplirse con la profesionalización del servicio público en aquellas áreas que forzosamente requieren especialización para poner en marcha una decisión que si bien puede partir de lo político debe requerir también de cierto nivel técnico para la implementación de las decisiones o incluso desde antes: para el diseño de una política.
En conclusión, está claro que en las decisiones públicas no se pueden aplicar forzosamente decisiones únicas, sino que debe partir de un equilibrio entre los argumentos y la generación de consensos, puesto que lo público no es un campo exclusivo de los expertos pero tampoco debiera ser único de los políticos.
La reforma electoral será un ejemplo de la prevalencia de lo político si no se tiene en cuenta toda la complejidad de los avances en la especialización del sistema electoral hasta nuestros días. Veremos.
