Alfredo Martínez de Aguilar
La capital oaxaqueña y los 24 municipios restantes de la zona metropolitana de los Valles Centrales viven días negros como resultado de la crisis de la basura estallada por el arbitrario cierre del tiradero en Zaachila por el munícipe de Zaachila.
La proliferación de la basura en las calles de los diversos sectores del municipio y de espacios municipales y públicos se agrava por la irresponsabilidad de la población y la ineficacia de las autoridades para resolver el problema, después de dos semanas.
Vecinos del Fraccionamiento Valle Esmeralda protestaron frente al Palacio Municipal capitalino, para demandar que no se siga utilizando como tiradero de basura a cielo abierto el terreno de la comisaría municipal ubicado sobre el Río Salado.
Para evitar la contaminación ambiental, así como la fauna nociva, habitantes de diversas unidades habitacionales como el Infonavit Primero de Mayo y colonias como Volcanes se han visto obligados a cerrar las calles con montones de basura.
Por si la crisis de la basura no fuera ya de suyo, un problema complejo se ha complicado más durante los últimos días como consecuencia de la insensibilidad del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, al rechazar la basura de Oaxaca.
Desinformado, el gobernador de Puebla se opone a que el Ayuntamiento de Oaxaca lleve 200 toneladas de basura a su estado como alternativa ante la crisis sanitaria. “Vamos a prohibir que Oaxaca deposite basura en Puebla”, dijo Miguel Barbosa.
Ante diputados de la Comisión de Medio Ambiente, Energías Renovables y Cambio Climático de la LXV Legislatura local, el alcalde capitalino, Francisco Martínez Neri aclaró que la basura trasladada a Puebla se confinó en una empresa certificada con un costo de 55 mil pesos por viaje.
Durante la reunión con los legisladores, el diputado Eduardo Rojas Zavaleta consideró indispensable contar con un ente regulador especializado para solucionar el problema ambiental y de salud, provocado por la crisis de la basura en la zona metropolitana.
Como ocurre en las diversas épocas políticas del año y del sexenio, continúan realizándose bloqueos de calles y carreteras, así como de Ciudad Administrativa, Ciudad Judicial y del Congreso del Estado por el último Informe del Gobernador.
Sin embargo, fracasó el sabotaje del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO-RFM), a la sesión de apertura del segundo año de ejercicio legal de la LXV Legislatura, y a la entrega del Sexto Informe del Gobernador, Alejandro Murat.
Ante el bloqueo del Congreso por más de 72 horas por los activistas del CIPO-RFM, la Diputación Permanente de la LXV Legislatura habilitó como sede alterna un inmueble en el Centro Histórico de la capital, para cumplir con el acto protocolario.
Correspondió al secretario general de Gobierno, Francisco Javier García López, flanqueado por el coordinador de las y los diputados locales del PRI, Alejandro Avilés Álvarez, entregar el VI Informe del Gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
A los chantajes del Comité de Damnificados por los Sismos del 2017 con el bloqueo de la carretera al Istmo de Tehuantepec, se sumó el acto de terrorismo de los estudiantes normalistas, al lesionar con un cohetón a un trabajador de las oficinas del SAT.
El bloqueo y retención de trabajadores del SAT forma parte de las acciones violentas tipo guerrilla urbana, realizadas durante las últimas cuatro semanas por estudiantes normalistas en demanda de plazas y de la contratación de los egresados de la generación 2017-2021.
En rechazo de la malla curricular, los activistas radicales de las 11 normales de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO) bloquearon el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
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