COMUNICADO PÚBLICO
-A LOS ONCE MINISTROS DE LA SCJN
-AL PUEBLO DE MÉXICO
-AL PUEBLO DE OAXACA
-AL PUEBLO DE CHIAPAS
-A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO, OAXACA Y DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC
-A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ZOQUES DE SANTA MARÍA Y SAN MIGUEL CHIMALAPA
-A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS INDÍGENAS, DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS DE LA NATURALEZA
-A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
CHIMALAPAS:
A más de un año de haber sido aprobada en lo general, por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y habiendo pasado ya ocho meses de su publicación en el DOF[1], la histórica e inatacable sentencia relativa a la Controversia Constitucional 121/2012
-que resultó dándole justo reconocimiento a la soberanía del estado de Oaxaca y, sobre todo, a los derechos de los municipios indígenas zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa-no sólo no hay avances en su cumplimiento, sino que ha existido una pública
y manifiesta reticencia a llevarla a efecto, por parte, tanto del gobierno de Chiapas, como del gobierno federal, y una incomprensible indiferencia de parte del gobierno oaxaqueño
Como es de conocimiento público, finalmente, los días 8, 11 y 16 de noviembre del 2021, luego de 70 años de impune invasión de 160 mil ha de la zona oriente del territorio comunal y municipal de Santa María y San Miguel Chimalapa, de parte de ilegítimos y depredadores intereses de empresas madereras, ganaderos, talamontes y neolatifundistas, todos ellos bajo cobertura de los sucesivos gobiernos chiapanecos (1947-2021) -con la abierta complicidad del gobierno federal y la omisión e indiferencia de los sucesivos gobiernos de Oaxaca- y luego de 9 años del juicio de Controversia Constitucional 121/2012, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobó por 10 votos a 1, la propuesta de Sentencia final e inatacable, propuesta por el Ministro ponente José Fernando Franco González-Salas, mismo que, conjuntamente con la exministra Olga Sánchez Cordero, revisaron y admitieron dicha Controversia, presentada -tras muchos avatares y gracias a presiones de Comunidades Chimas y de este Comité- por el Gobierno de Oaxaca, el 29 de noviembre de 2012 a las 23.40 hrs. (¡20 minutos antes de que se venciera el plazo constitucional de 30 días!).
Fue así que, la (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, al continuar con el análisis de la controversia constitucional 121/2012, promovida por el Estado de Oaxaca en contra del Estado de Chiapas, estableció los límites que deben regir entre ambas entidades federativas.
(ver: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6660 )
Es de resaltar que, al emitir su voto razonado, el presidente de la SCJN, ministro Arturo Saldívar, expresó: “…Ante un asunto que implica –sin duda– un problema político y social muy grave, que tiene muchas décadas sin que se haya resuelto, ¿vamos a tomar una decisión formalista, letrista, para dejar el asunto simplemente sin resolver y que esta situación permanezca con todo lo que implica? O nos tomamos en serio la responsabilidad de tribunal constitucional, usamos el principio pro actione y no sólo admitimos a trámite, sino resolvemos este asunto que –la verdad– tras muchos años, por fin tenemos un proyecto que presenta una solución para este tema que me parece extraordinariamente relevante. Yo creo que, por todas las razones peculiares que se dieron en este asunto –que, además, ya se han referido aquí hasta la saciedad–, la demanda es oportuna…”.
(ver: https://www.youtube.com/watch?v=KVTDtsJY3V4&t=1989s del minuto 1:06:54 al 2:32:39)
Frente ante esta histórica, justa e inatacable Sentencia, que favorece a la Soberanía del estado de Oaxaca, el entonces todavía gobernador, Alejandro Murat H. tuvo una tardía y tibia reacción, contrastante con la inmediata y agresiva reacción de la clase política y de la oligarquía chiapaneca, así como de caciques ganaderos del invasor municipio de Cintalapa, quienes, incluso, sólo tres días después de la Sentencia ,hicieron aparecer en el núcleo agrario Cal y Mayor -corazón y eje de los intereses caciquiles locales- un grupo de “Autodefensa del territorio de Chiapas”, uniformado, fuertemente armado y de claro corte paramilitar, al mismo tiempo que surgía también un “Frente de Defensa del territorio de Chiapas”, conformado por cinco de los núcleos agrarios y líderes caciquiles, que años atrás integraron la llamada “Coalición de Ejidos y Comunidades de la Zona Noroeste de Cintalapa”.
No fue sino hasta el día 14 de febrero de 2022, que el entonces gobernador Alejandro Murat, realiza una sorpresiva y rápida gira por las dos cabeceras comunales y municipales de Santa María y San Miguel Chimalapa, ante cuyas asambleas, promete iniciar de inmediato, todas las acciones ordenadas por la Sentencia y -ante la exigencia comunal- promete también gestionar a la brevedad, la reinstalación de la Mesa Agraria Ambiental de Los Chimalapas, encabezada desde el más alto nivel federal (SEGOB) Mesa que se instaló en noviembre 2011 y que funcionó hasta abril 2013 (ver: https://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/visita-murat-los-chimalapas-se-busca-ejecutar-sentencia-de-la-scjn-favor-de-limites-de )
Sin embargo, los meses transcurrieron sin ningún avance y sí, en contrapartida, luego de la realización de una gira por Chiapas del presidente AMLO, realizada del 8 al 10 de julio, el Congreso de Chiapas anuncia públicamente el día 12 del mismo mes, que, “no reconoce cambio en área limítrofe con Oaxaca” y que, “hasta este momento no existe cambio jurídico, administrativo o territorial alguno en el estado de Chiapas”
Al día siguiente, la Barra de Abogados del estado de Chiapas informó ante los medios de comunicación, que presentarán una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Chimalapas.
(ver: https://nvinoticiaschiapas.com/chiapas/12/07/2022/27790/ )
Y, para rematar un sólo día después -14 de julio 2022- el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa La Mañanera, anunció que la bio-región y territorio zoque ancestral de Los Chimalapas, sería convertida en un Área Natural Protegida de carácter federal (por su dimensión y diversidad biológica, tendría que ser Reserva de Biosfera), misma que “…abarcaría dos ejidos (sic) que poseen 500 mil hectáreas (sic) y donde no hay mucha población (¡¡¡¡¡)”; y continuó, “…Estas tierras han sido invadidas, de acuerdo a la versión de ellos (¡¡!!)) y se crearon municipios del lado de Chiapas (sic). Pero es una tierra en conflicto desde hace mucho tiempo; por eso se pretende alcanzar este acuerdo con el apoyo de ambos gobiernos estatales”.
Más adelante dijo “…Por eso son buenas las Mañaneras, porque estas cosas las hablo los gobernadores,”, “…Pues ya orita (sic) los dos ya lo saben, el gobernador de Chiapas y el gobernador de Oaxaca, y también las comunidades (¡¡¡!!!)”; y cuestionó, “…¿qué va a suceder con quienes viven ahí? Ya hay municipios que constituyeron en el proceso del juicio de límites, fueron creando municipios (sic) y ahora la Corte resuelve ¿Y qué va a pasar con esos municipios?”
De inmediato, los días 17 y 18, desde el gobierno federal enviaron a Los Chimalapas, a Adán Peña Fuentes, Director general de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP-SEMARNAT) para “informar” y tratar de “convencer” a Los Chimas de aceptar la pretendida imposición presidencial, a cambio de promesas de proyectos y de ampliación del cuestionable Programa “Sembrando Vida”.
La Asamblea general de Santa María Chimalapa, con respaldo de las autoridades comunales de San Miguel y de todas las Congregaciones de la Zona Oriente, le expresaron al funcionario federal, su rechazo total, planteándole en cambio sus innegociables exigencias:
- Cumplimiento estricto de la Sentencia SCJN,
- Solución agraria definitiva (que implica el desalojo de 124 supuestas propiedades privadas y la nulidad de expedientes, solicitudes, mandamientos gubernamentales y Resoluciones Presidenciales de Dotación y Ampliación de ejidos, posteriores a las resoluciones Presidenciales del Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales de San Miguel y Santa María Chimalapa).
Y, una vez cumplidas estas dos exigencias,
- El reconocimiento y apoyo a la Reserva Ecológica Campesina de Los Chimalapas (REC) manejada y administrada por las propias comunidades, tal como se definió y se auto-decretó en Asamblea realizada en el predio recuperado “Finca Casablanca” (mismo que había sido invadido por Ernesto castellanos Domínguez, hermano del entonces gobernador chiapaneco, Gral Absalón Castellanos) desde 1991, y confirmado públicamente el día 08 de septiembre de 1994, en el acto oficial de entrega a la comunidad de Santa María Chimalapa, de las 40,945 ha de selva del predio San Isidro la Gringa, recuperadas luego de casi diez años de lucha contra la impune invasión por parte de ganaderos y narco-ganaderos, encabezados por el exgobernador y exsecretario de gobierno Patrocinio González Garrido.
Cierre
Como Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, lamentamos mucho que el presidente López Obrador esté tan mal asesorado, en cuanto a la problemática socio-ambiental y a la histórica lucha comunal de Los Chimalapas en defensa de su ancestral territorio y de sus invaluables bienes naturales (montañas, bosques, selvas, ríos)
Lo cual se refleja también, hoy día, tanto en Los Chimalapas, como en relación a todos los pueblos y comunidades del Istmo de Tehuantepec, considerados dentro del denominado “Corredor interoceánico”, macroproyecto prioritario de AMLO 4T, que constituye una grave amenaza, etnocida y ecocida, y un riesgo para la Soberanía Nacional
Ante lo expuesto, y en el contexto coyuntural de la toma de posesión del gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y resaltando -luego de más de un año de su emisión- el nulo avance en el cumplimiento de la firme e inatacable Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, percibiendo un clima de provocación a las comunidades chimas de la zona oriente, que vuelve a manifestarse desde el gobierno y la oligarquía chiapaneca, así como de parte de caciques regionales, provocaciones que rencienden el riesgo de un estallido social, artificiosamente provocado, como Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, respaldamos totalmente las 3 exigencias expresadas ante el director de CONANP, por la asamblea y base comunal de Los Chimalapas, y
EXIGIMOS
- En cuanto al cumplimiento de la Sentencia, se apeguen los tres gobiernos (Chiapas, Oaxaca y Federal) a lo establecido en el Resolutivo Cuarto de dicha Sentencia (pág. 302 del DOF), mismo en el que se establece un plazo de doce meses, luego de la notificación de los puntos resolutivos de esta resolución a los Congresos de esas entidades, para que establezcan los mecanismos de coordinación y programas que se señalan en el Considerando Noveno de esta resolución, mismo que, entre otras cosas, resalta:
– La obligatoriedad de modificar Constituciones y leyes respectivas, “a efecto de que incorporen los puntos limítrofes de la frontera que ha sido reconocidas en esta sentencia” (pág. 299 del DOF);
– (Dada la importancia ecológica de esta región) “…realizar dentro de los doce meses siguientes, todos los procesos y acciones pertinentes para establecer un programa de ordenamiento ecológico regional que abarque esta zona y fije criterios de regulación ecológica para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales localizados” (pág. 300 del DOF);
- La realización inmediata, con participación directa de las autoridades comunales y municipales chimas, así como de representantes de las Congregaciones comunales de la zona oriente, del brecheo y amojonamiento definitivo, de los puntos limítrofes que establece la Sentencia.
- Que el nuevo gobierno de Oaxaca exija ante el gobierno federal, que el Instituto Nacional Electoral (INE) readecúe -en función de los límites establecidos en la multicitada sentencia- el mapa de re-distritación del estado de Oaxaca, aprobado y publicado desde 2015 y, en consecuencia, realice una campaña de credencialización actualizada, entre la población de los núcleos agrarios de origen chiapaneco, ubicando su residencia en el estado de Oaxaca y en los municipios de Santa María y san Miguel Chimalapa.
- Para instrumentar la exigida solución agraria definitiva, en cuanto los 126 supuestos propietarios y nacionaleros privados, identificados plenamente por la Procuraduría Agraria[2], instrumentar a la brevedad d su desalojo pacífico y, en cuanto a los núcleos agrarios de origen chiapaneco, -la mayoría indígenas tsotsiles- a quienes con engaños y presiones se les reubicó en territorio comunal, buscar que se retomé el diálogo y los acuerdos establecidos y firmados por los propios chimas y por las autoridades agrarias y estatales desde 1993 y 1995, mismos que, respetando plenamente el derecho ancestral del pueblo indígena zoque chimalapa sobre su territorio, así como la premisa jurídica de “Primero en tiempo, primero en derecho”, ofrecen la incorporación inicialmente condicionada como comuneros, a los verdaderos campesinos pobres “que vivan en la tierra y de la tierra”
En materia Ecológica:
- El exigido comunalmente reconocimiento y apoyo a la Reserva Ecológica Campesina de Los Chimalapas (REC) manejada y administrada por las propias comunidades, bajo criterios de ordenamientos ecológicos comunitarios y estatutos comunales, con brigadas de técnicos prácticos indígenas y con un consejo técnico consultivo asesor (y no al revés, como ocurre en las Áreas Naturales Protegidas impuestas)
- Que, en vez de tirar dinero público en el polémico Programa “Sembrando Vida” se elabore, con participación directa de técnicos prácticos comunitarios, un Programa Especial de Restauración Ecológica, basado en técnicas agroforestales y silvopastoriles, para aplicarlo en las 50 mil ha devastadas por los ganaderos invasores en la zona oriente de Los Chimalapas, así como en las zonas de las cabeceras, donde la ganadería extensiva ha provocado la deforestación de grandes extensiones de selva alta, selva mediana y selva baja;
- Que, desde ya, se prepare e implemente, un Programa especial e integral, de prevención combate y control de incendios forestales, para la inminente temporada de sequía 2023, basado en la experiencia de las comunidades chimas, sobre todo en la zona oriente, donde es posible esperar incendios provocados intencionalmente por los intereses afectados con la Sentencia de la SCJN; y
- Que se apoye a las comunidades chimas, para revivir las actividades de extracción y comercialización de resina de pino, suspendidas desde hace más de tres años
Y, de manera muy especial, para monitorear y concretar los puntos anteriores, EXIGIMOS;
El restablecimiento inmediato de la Mesa Interinstitucional Agraria Ambiental de Los Chimalapas, establecida en 2011 y que operó hasta principios 2013, del más alto nivel; presidida y coordinada por la SEGOB, y con participación directa de las autoridades comunales y municipales de San Miguel y Santa María Chimalapa, y de los secretarios auxiliares y agentes municipales de todas las Congregaciones de la Zona Oriente; del Comité Nacional, como red de la sociedad civil; de los gobiernos de Oaxaca y de Chiapas, así como de las instancias federales directamente involucradas: en la problemática señalada: SRA; PA; SEMARNAT; PROFEPA; CNDH, entre otras.
A T E N TA M E N T E
A nombre de las organizaciones y movimientos sociales; ongs y colectivos; académicos/as; artistas y personalidades que conforman el CNDyCCh
LUIS BUSTAMANTE VALENCIA MIGUEL ANGEL A. GARCIA A.
Coordinador Nacional Coordinador Regional
LUIS MIGUEL ROBLES GIL C.
Coordinador de Comunicación
Ccp- Autoridades Comunales y municipales de Santa María y San Miguel Chimalapa, Oaxaca.
Ccp- A las Congregaciones Comunales de la Zona Oriente de Los Chimalapas
Ccp.- A lxs ministrxs de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Pino Suárez 2, Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06065. Ciudad de México):
– Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (presidente) scjn_presidencia@mail.scjn.gob.mx
– José Fernando Franco González Salas ajimenezz@mail.scjn.gob.mx
– Luis María Aguilar Morales lmaguilarm@mail.scjn.gob.mx
– Jorge Mario Pardo Rebolledo ponenciapardo@mail.scjn.gob.mx
– Alberto Pérez Dayán agperezd@mail.scjn.gob.mx
– Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena agutierrez@mail.scjn.gob.mx
– Norma Lucía Piña Hernández nlph.coord@mail.scjn.gob.mx
– Javier Laynez Potisek jlaynezp@mail.scjn.gob.mx
– Juan Luis González Alcántara Carrancá jlgonzalez@mail.scjn.gob.mx
– Yasmín Esquivel Mossa yesquivelm@mail.scjn.gob.mx
– Ana Margarita Ríos Farjat amrf.coord@mail.scjn.gob.mx
– -AL PRESIDENTE DE MÉXICO, ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR
– -AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ
– -A LOS GOBERNADORES DE OAXACA Y DE CHIAPAS, SALOMÓN JARA Y RUTILIO ESCANDÓN
Ccp- Rosario Piedra Ibarra – Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Ccp- Alejandro Encinas R. – Subsecretario de Derechos Humanos SEGOB
Ccp- Josefina Bravo R. – Comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM-SEGOB)
Ccp- A los medios de comunicación nacionales e internacionales
[1] Aprobada en lo General por el pleno de la SCJN el 08 noviembre 2021, por 10 votos a favor y una en contra, y publicada en DOF, el 25 marzo de 2022
[2] 126 supuestas pequeñas propiedades dentro de territorio comunal con expedientes instaurados ante la Procuraduría Agraria; de los cuales 21 corresponden a predios con título de Terreno Nacional: 54 a presuntos nacionaleros (sin título) y 43 a predios con escritura pública.
(ver: Gaceta Parlamentaria, Número 3437-I, Cámara de Diputados – miércoles 25 de enero de 2012. http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/61/2012/ene/20120125-I/Comunicacion-6.html
