Uriel Pérez García
El proceso electoral federal de 2006 sin duda se caracterizó por una competencia efervescente entre cuatro candidatos y una candidata, situando el centro de atención en el elevado tono de confrontación entre dos de ellos: Felipe Calderón por el Partido Acción Nacional y Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la Coalición por el Bien de Todos conformada por el PRD, PT y Convergencia.
La campaña electoral de dicho proceso registró acontecimientos que fueron de suma relevancia para una posterior reforma electoral que significó un parteaguas para la equidad de los comicios. Lo anterior derivado de la serie de inconformidades que acusaron de fraudulenta la elección de Felipe Calderón, con un margen mínimo de diferencia ante López Obrador y un escenario en el que se cuestionó duramente la imparcialidad de la autoridad electoral, concretamente el IFE.
Pero no solamente el árbitro electoral se vio duramente cuestionado, también se cuestionó la intervención de Vicente Fox como presidente de la república; la intervención de la entonces presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo; y de manera evidente el Consejo Coordinador Empresarial a través de la transmisión de spots que el propio Tribunal Electoral reconoció, incidieron en la equidad de la contienda.
Dentro de los cambios más importantes que se suscitaron gracias a esta ola de inconformidades que obligó al gobierno de Felipe Calderón a atender las demandas de modificar las reglas del juego en materia política y electoral, fueron el recuento total de votos cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor o igual a un punto porcentual, derivado de aquel famoso reclamo de “voto por voto, casilla por casilla”, mientras que por otro lado se modificó drásticamente el modelo de comunicación política.
En este sentido la reforma de 2007 modificó de manera sustancial la regulación para el acceso de particulares y partidos políticos a tiempos de radio y televisión en materia electoral, estableciendo a nivel constitucional la prohibición de la compra de anuncios publicitarios con la intención de influir en la decisión del electorado.
Lo anterior como producto de aquel famoso spot que enunciaba que Andrés Manuel era un “peligro para México” y que incidió en la equidad a través del uso de recursos privados destinados a la difusión de dichos promocionales, así como con recursos públicos mediante insinuaciones del propio presidente para afectar al entonces candidato de la Coalición por el Bien de Todos.
En este contexto se suscitó un debate que giró en torno a la posible restricción a la libertad de expresión que implicaba que más allá de los partidos políticos, cualquier ciudadano o ciudadana en pleno ejercicio de sus derechos pudiera contratar tiempo en algún medio para manifestar su preferencia política o promover la candidatura de su preferencia, lo cual evidentemente quedó superado puesto que en efecto se transgredía la equidad a partir de una ventaja derivada de la capacidad económica y de poder político de los contendientes.
En la citada reforma también se restringió la propaganda gubernamental de carácter personalizado es decir, que hiciera referencia de manera directa a quien ocupara un cargo público y que a través de dicha posición promoviera su imagen con ayuda de los recursos a su disposición, con la finalidad de posicionarse anticipadamente para competir por un cargo de elección popular.
Esta reseña permite visualizar lo paradójico que resulta el posicionamiento del gobierno en turno luego de que el INE pidiera a Claudia Sheinbaum deslindarse públicamente de lo que evidentemente es parte de una estrategia de posicionamiento a través de lonas y bardas con la leyenda “Es Claudia”.
Tanto el presidente como la jefa de gobierno señalan que dicha prohibición constituye un atentado contra la democracia y la libertad de expresión. No obstante es imperante señalar que precisamente las libertades se garantizan con el cumplimiento de las reglas que se construyen a través de la vía pacífica mediante procesos democráticos.
Las normas construidas en 2007 posibilitaron equilibrar el terreno de juego gracias al ejercicio de libertades para exigir los cambios que hoy no se quieren respetar. Sin duda, el reto para todo movimiento de oposición será que una vez convertido en gobierno siga respetando las reglas, poniendo el ejemplo ahora como el principal responsable de la conducción del Estado y la observancia de la ley.
