Alfredo Martínez de Aguilar
Tras el asesinato en grado de tentativa a Ciro Gómez Leyva. La sentencia de muerte ha sido reiterada contra los periodistas mexicanos para acallarles, aunque finalmente no lo consigan.
No se mata la verdad matando periodistas. Así lo prueba la ejecución de Manuel Buendía, ordenada desde la Secretaría de Gobernación y ejecutada por la DFS, la policía política del país.
Al igual que el 30 de mayo de 1984, hace ya más de 38 años, el probable autor intelectual de la ejecución de Buendía, Manuel Bartlett Díaz, sigue siendo poderoso político, respetado por AMLO.
El mensaje es claro y contundente: Si impunemente pueden asesinar en grado de tentativa contra uno de los principales líderes de opinión nacional, es mucho más fácil hacerlo contra los demás.
Ahora mismo en Oaxaca, familiares de la expresidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, amenazan de muerte a nuestra compañera y amiga periodista Soledad Jarquín Edgar.
Soledad es feminista sorora con todas las mujeres asesinadas y feminicidas porque el 2 de junio del 2018, su hija la joven fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, fue asesinada en Juchitán.
A su asesino y de Pamela Terán Pineda y Adelfo Guerra Jiménez, presuntamente vinculado a Francisco Javier y Hageo Montero López, se ha garantizado impunidad, al igual que a Lizbeth Victoria.
El 24 de noviembre de 2020 Soledad entregó al Presidente López Obrador una carta firmada por 18 mil mujeres pidiendo alto al feminicidio y justicia para el caso del asesinato de su hija, María del Sol.
Demandamos al Gobernador Salomón Jara Cruz y al Presidente Andrés Manuel López Obrador se garantice la integridad física y la vida de Soledad, a quien brindamos nuestro apoyo y solidaridad.
Al mismo tiempo, demandamos la intervención de la Defensoría de Oaxaca y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de las organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Pedimos apoyo a nuestros amigos de Reporteros Sin Frontera, Balbina Flores Martínez; Itzia Miravete Veraza de Artículo 19 y Jan-Albert Hootsen del Comité de Protección a Periodistas.
Para seguir sembrando el terror, acallar a los periodistas y facilitar el control y gobierno del pueblo, obligado es preguntar: ¿Quién sigue después del atentado a Ciro; acaso Carlos Loret?
¿O Raymundo Riva Palacio, Héctor de Mauleón, Salvador García Soto, Ricardo Alemán, Carmen Aristegui o bien, intelectuales como Enrique Krauze, Héctor Aguilar Camín o Denise Dresser?
Lo cierto, es que seguirán muriendo periodistas mexicanos, dado el odio sembrado desde la polarización de las mañaneras contra los periodistas críticos al gobierno de Morena y la 4T.
El Presidente López Obrador incurre en un grave error de cálculo político, ningún gobierno en el mundo ha podido ni logrado acabar con los periodistas y estos sí con los malos gobernantes.
Tampoco tener un periódico gubernamental como Pravda en Rusia o Granma en Cuba ha logrado desaparecer a los medios de comunicación, libres e independientes, ni lo conseguirá en México.
A lo largo y ancho del país han sido asesinados 12 periodistas en 2022, para sumar 37 en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, lo que convierte a México en letal para el periodismo.
México es un país sin guerra en el que han asesinado a 157 periodistas del 2000 a la fecha y donde la enorme mayoría de reporteras y reporteros no disponen de camionetas blindadas ni guardias.
Muchos periodistas locales se refugian en la Ciudad de México para estar más seguros, dejando sus hogares, sus familias, sus redacciones y las investigaciones por las que fueron amenazados.
La Relatoría de la CIDH integrante de la OEA ha denunciado reiteradamente la incapacidad del Estado mexicano para proteger a los periodistas y las deficiencias del Mecanismo de Protección.
Gobernantes, funcionarios y periodistas cooptados por el poder intentan fallidamente justificar los asesinatos por presunta corrupción o por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
alfredo_daguilar@hotmail.com
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