Servicio Profesional Electoral

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Uriel Pérez García 

Finalmente el controvertido Plan B de la reforma electoral ha quedado detenido por una cuestión de trámite legislativo, luego de que la Cámara de Senadores en su función de órgano revisor regresara a la cámara de origen la iniciativa de reforma que incluye la modificación a casi 500 artículos de diversas leyes en materia electoral, reformas que en algunos casos representan un grave retroceso en materia democrática.

No obstante, precisamente cuando hablamos de democracia, el debate tiende a polarizarse puesto que pareciera que nos situamos en un plano abstracto debido a que en buena parte de la ciudadanía existe la percepción de que este sistema ha quedado a deber respecto a la construcción de gobiernos eficientes que proporcionen resultados palpables para la población.

Lo que se pierde de vista es que precisamente para llegar a tener gobiernos que respondan eficientemente a las necesidades sociales se requiere de esos pilares que posibiliten instituciones que funcionen acorde a lo mandatado por la ciudadanía y no por la mera voluntad del grupo o partido gobernante, aquí la importancia de lo que llamamos contrapesos.

En la discusión que se retomará en febrero del próximo año cuando inicie el segundo periodo ordinario de sesiones el senado hará una segunda revisión que seguramente será de mero trámite puesto que ha sido eliminada la llamada cláusula de “vida eterna” que posibilitaba la transferencia de votos para que los partidos que participaran en coalición y no fueran beneficiados en las urnas pudieran obtener votos del partido con más sufragios con la finalidad de no perder su registro.

Superado ese tema sumamente delicado, vale la pena revisar otro punto que atenta directamente contra la operatividad de los procesos electorales en un contexto que garantice imparcialidad, independencia, profesionalismo, eficacia y eficiencia, así como se lee: la eliminación de una columna esencial para la organización y desarrollo de las elecciones.

El Servicio Profesional Electoral ha dado muestra de que los procesos electorales en México han adquirido una mayor especialización ante la complejidad que reviste nuestro sistema electoral, con reglas cambiantes en cada proceso, donde la experiencia y profesionalización es fundamental para la implementación y administración de comicios.

El contar con un cuerpo profesional además ha permitido eliminar los cotos de poder político de los partidos al interior de los institutos electorales, de modo que aun cuando en los procesos de renovación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral puedan existir cuestionamientos, el hecho de contar con un mecanismo de selección del cuerpo electoral que conforma el Servicio Profesional, garantiza que los procesos se realicen con eficiencia puesto que en dicha base profesional descansa gran parte de las tareas fundamentales de organización y desarrollo de los comicios.

La estabilidad política que se ha alcanzado en las últimas décadas no es producto de la casualidad, sino de esta aceitada maquinaria que permite la renovación de representantes y autoridades de manera libre y sobre todo pacífica, dando como resultado que la ciudadanía siga apostando por la vía electoral como el instrumento para la canalización y manifestación de la diversidad ideológica. Así, en el reciente proceso electoral federal, en un contexto de pandemia, se tuvo una participación ciudadana de 52.6%, lo que significó la participación más alta de los últimos procesos intermedios.

Podría parecer aventurado afirmar que estas cifras plausibles sean únicamente gracias a la implementación del Servicio Profesional Electoral, ya que estaríamos dejando de lado otros elementos importantes enmarcados en las reglas del juego electoral, así como la labor que la propia ciudadanía desempeña como funcionarios de las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral.

Sin embargo lo que hay que recalcar es que desde la implementación de la profesionalización de los servidores públicos electorales, se han suscitado por lo menos cuatro reformas electorales que lejos de afectar la administración de elecciones han afinado dichos procesos, pero que no hubiera sido posible implementar si no a través de un funcionariado capacitado y en constante actualización, aprovechando en gran medida la especialización y experiencia adquirida a lo largo de los años. Hoy la apuesta no es por el perfeccionamiento, sino por el debilitamiento de los cimientos hacia mejores gobiernos.