Alfredo Martínez de Aguilar
Es altamente positiva la Construcción de Paz con Justicia y Bienestar iniciada en la Nación Triqui como parte sustancial del nuevo Pacto Social impulsado por el Gobernador Salomón Jara Cruz.
Sin duda alguna, es sumamente loable llevar a cabo un esfuerzo titánico de tal magnitud para recomponer el caótico estado de cosas que enfrentamos a lo largo y ancho del estado de Oaxaca.
Al resurgir la esperanza de cambio en la tercera alternancia en el Gobierno del Estado, es vital cerrar filas pueblo y gobierno para establecer un nuevo Pacto Social con Justicia y Bienestar.
Los oaxaqueños estamos hartos y hasta la madre del saqueo por la escandalosa corrupción, pero sobre todo de la impunidad de políticos y funcionarios de todos los partidos, incluso de Morena.
Cada día es mayor la desesperación de amplios sectores de la población, particularmente indígenas y campesinos, ante la falta de justicia, lo que obliga cada vez más a tomarla por propia mano.
También los sectores productivos que son los únicos que crean riqueza, a través de la inversión en empresas que generan empleo y la clase media golpeada por la crisis, se encuentran desesperados.
Sin embargo, los oscuros intereses de mafias políticas vinculadas a los grupos armados y a la delincuencia organizada que operan en Oaxaca ponen en grave riesgo la pacificación del estado.
Grupos políticos, nacionales y estatales manipulan a activistas de organizaciones radicales y a milicianos involucrados con grupos armados y el crimen organizado, para prefabricar conflictos.
Tras recorrer el estado por 30 años para el Gobernador Salomón Jara, no son desconocidos estos oscuros y mezquinos intereses que intentarán sabotear los programas y acciones de su gobierno.
El Mandatario estatal conoce bien a bien la identidad de los dirigentes públicos y clandestinos de estos grupos, así como la de los dueños del establo del fierro que portan los mismos en las ancas.
La identidad intelectual y material de la mano negra que mece la cuna de la violencia incluye a ministros radicales de las Iglesias vinculados a los grupos armados y a la delincuencia organizada.
A lo largo de tres décadas, el Gobernador ha dialogado, negociado e, incluso, se ha confrontado políticamente con los dirigentes públicos y clandestinos de esos grupos que dañan a Oaxaca.
En un ejercicio de creación de escenarios políticos futuros, a partir de los hechos de la realidad, podemos adelantar que, sin trabajo de inteligencia y aplicación de la Ley, fracasará la pacificación.
La terca realidad que finalmente termina por imponerse ha enseñado en el último medio siglo que no basta la simple voluntad política, ni el diálogo, ni mucho menos la negociación, sin aplicar la Ley.
En este sentido, el reto de hilar fino es mayor para el secretario de Gobierno, Jesús Romero, para el Jefe de Gabinete, José Antonio Rueda, y para el Consejero Jurídico, Geovanny Vásquez Sagrero.
Es indispensable dar el debido sustento legal y político a todas las decisiones y acciones del gobierno de La Primavera Oaxaqueña, amén de contar con experimentados operadores y recursos.
Sentó un precedente inédito, sin precedente en la historia, la recuperación del Zócalo capitalino ocupado por diversas organizaciones de izquierda que manipulan a comerciantes informales.
Más trascendente fue la aplicación de la Ley conjunta entre el Gobierno del Estado y el Municipio capitalino en el desalojo de los Portales del Palacio de Gobierno tomados por indígenas triquis.
La firmeza y la voluntad política de anteponer el interés general al interés particular de grupos y organizaciones sociales sentaron un precedente altamente positivo que debe fortalecerse.
La omisión, negligencia y complicidad de autoridades de los tres órdenes de gobierno, con las presiones y chantajes de organizaciones y sindicatos, hunden a Oaxaca en la marginación y el rezago.
Para contribuir al nuevo Pacto Social solicitamos al Gobernador audiencia para dar a conocer las propuestas de solución comunitaria del Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca #UNO.
Esperamos la reunión con el Mandatario estatal, a efecto de exponer los proyectos en materia de tratamiento de los residuos sólidos, agua, educación, salud, seguridad, ambiente y alimentación.
En alianza con diversas organizaciones de la sociedad civil, los proyectos han sido elaborados por expertos de instituciones educativas nacionales dispuestos a bajar recursos internacionales.
@efektoaguila
