El Congreso de Oaxaca recibió este miércoles la iniciativa para expedir la Ley Estatal de Austeridad Republicana, enviada por el gobernador, Salomón Jara Cruz.
Con esta ley se pretende garantizar a la población el correcto uso del recurso público y la adecuada administración pública estatal de manera eficiente, austera, sensible y responsable, para combatir la corrupción.
Sobre ello, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Luis Alfonso Silva Romo, destacó que en Oaxaca se están llevando a cabo las acciones para la transformación del estado, impulsada a nivel nacional por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y con ello, evitar un gobierno rico mientras la entidad está en pobreza y marginación.
“Será una ley de austeridad de observancia en general, es decir, no únicamente para el Poder Ejecutivo, sino también para los Poderes Judicial y Legislativo, así como los órganos constitucionalmente autónomos deberán acatar estos principios de austeridad que son muy necesarios en nuestra realidad”, declaró Luis Alfonso Silva Romo.
La iniciativa presentada atiende a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, impulsado por el presidente López Obrador y el principal propósito es erradicar la corrupción, el despilfarro y la frivolidad, para que se aplique la honestidad y se logre la regeneración de la vida y el servicio público.
“En el gobierno de la transformación regularemos y estableceremos las medidas necesarias en materia de austeridad en el ejercicio del gasto público, principalmente para gasto corriente, para lo cual todos los servidores públicos deberemos sujetarnos a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género”, declaró el gobernador Salomón Jara Cruz.
Explicó, además, que con esta ley se busca garantizar que el Gobierno de Oaxaca ahorre y libere recursos para beneficio de los más necesitados. “Por el bien de todos, primero los pobres”, reiteró.
La propuesta fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración Pública.
