Excélsior
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició el cuaderno de antecedentes para investigar la supuesta advertencia de las autoridades comunitarias de San Miguel Albarradas, municipio de Villa de Mitla, en relación con sancionar con multas económicas a los ciudadanos que denuncien actos de abuso de poder o violación de derechos humanos ante este órgano autónomo.
La advertencia está consignada en un acta de asamblea respaldada por la autoridad que asienta la sanción a “toda persona o personas que se salten a la autoridad municipal en turno y presenten su caso ante otra instancia (municipio, Defensoría o Fiscalía General del estado) con una multa económica por la cantidad de cinco mil pesos, más los gastos que se generen de dar respuesta”.
La sanción supuestamente tiene el apoyo de la comunidad a partir de las prácticas del sistema normativo interno o usos y costumbres.
Bernardo Rodríguez Alamilla, ombudsperson, advirtió que la dignidad de las personas y el respeto a sus derechos humanos “son el límite de la jurisdicción de pueblos y comunidades indígenas”.
Expuso que el Estado mexicano reconoce el derecho que tienen las autoridades de las comunidades indígenas para desempeñar funciones jurisdiccionales dentro de su territorio y de acuerdo a sus usos y costumbres, así como con sus sistemas normativos, también, “dicha jurisdicción tiene límites constitucionales y convencionales”.
Y es que la autoridad de Albarradas, en la víspera del inicio del nuevo año, encarceló a una mujer por no pagar una multa de dos mil pesos, tras denunciar el abuso cometido en su contra por la autoridad local.
Según el testimonio de la agraviada, expuesto en redes sociales, fue encarcelada por haber excluido a las autoridades de San Miguel Albarradas a una comida celebrada con motivo de los festejos del día de la Independencia, el 16 de septiembre de 2022.
De acuerdo con la denuncia, las personas son obligadas bajo amenazas a firmar los acuerdos y callar para no ser sancionados.
Por estos actos, la Defensoría abrió la primera queja del presente año DDHPO/0001/(24)/OAX/2023, al considerar que “los actos, hechos, sucesos, determinaciones o resoluciones producto de la jurisdicción indígena no deben ser contrarios a las normas que protegen valores esenciales compartidos por la comunidad internacional.
