El Poder Judicial Federal concedió la suspensión provisional de amparo a la magistrada Sonia Luz Ireta Jiménez, en contra de la convocatoria a nuevas magistradas, emitida por el Congreso del Estado.
La demanda fue concedida dados los errores, omisiones y desconocimiento cometidos por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la LXV Legislatura, que preside la diputada de Morena Lizett Arroyo Rodríguez.
Con fecha de ayer, 10 de enero de 2023, en el juicio de amparo indirecto 42/2023, el juez Quinto de Distrito, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, requirió una respuesta a esta demanda en el plazo de 48 horas, y fijó la audiencia incidental para el próximo17 de enero.
La magistrada, quien asumió sus funciones el 6 de enero de 2015 por un periodo de ocho años, argumentó que a la fecha del término del periodo no se emitió dictamen de evaluación por el órgano u órganos encargados de proponer y aprobar la ratificación, que concluya en la negativa de la
ratificación.
Afirma que ante dicha omisión, se actualiza en su favor la
ratificación tácita en el cargo, por el periodo de ocho años más.
En sus alegatos, la magistrada demandante señala que la convocatoria para ocupar la plaza que actualmente ostenta fue hecha cuando se trataba de revocar su mandato de manera anticipada a su culminación.
La quejosa solicitó a la Federación la medida cautelar para continuar sus funciones y así será hasta que el juez dicte sentencia en el juicio de amparo.
La solicitante del amparo observa que la convocatoria pública exclusiva para mujeres para acceder al cargo de magistradas del Tribunal Superior de Justicia del Estado se publicó el siete de enero en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, emitida por el gobernador del estado, cuando ya se había vencido su plazo y se da por obvia su reelección.
La demanda exhibe que en la convocatoria, la comisión legislativa de Liz Arroyo hasta escribió mal el nombre de la magistrada por el de “SONIA LUZ IRIETA JIMPENEZ”.
La magistrada expreso que la misma presidenta de la Comisión de Administración de Justicia del Congreso del Estado desconoce los términos legales al informar al mandatario estatal que no existió solicitud por parte de la magistrada para ser reelecta, o en su caso ratificada.
Asimismo, el escrito revela que no existe norma expresa en cuanto al
procedimiento de ratificaciones o reelecciones de magistrados y
magistradas de Tribunal Superior de Justicia del Estado, ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni en ninguna normatividad inherente al estado, por lo que recurrií a una Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea tácita su reelección.
También acusa que la diputada Liz Arroyo realizó la convocatoria exclusiva de mujeres, sin tomar en cuenta el derecho constitucional que le asiste a la magistrada para ser reelecta.
La convocatoria entró en vigor el día de su publicación en el
Periódico Oficial cuando ya venció el plazo y al no darse un informe que se lo impidiera se hace legal la continuación de sus funciones.
