Alfredo Martínez de Aguilar
Los acontecimientos ocurridos durante los últimos días y, sobre todo, las decisiones tomadas sobre estos confirman el surrealismo kafkiano de la eterna contradicción que vive Oaxaca.
El apoyo unánime de todos los sectores sociales por el desalojo de los triquis del Palacio de Gobierno y de los comerciantes informales del Zócalo capitalino pronto se vio empañado.
En forma irónicamente paradójica, el reconocimiento público se troca en incertidumbre y zozobra al ceder a presiones del MULT y desalojar a funcionarios y trabajadores de Palacio de Gobierno.
Se festina que San Vicente Coatlán acepte otorgue su anuencia a concluir la carretera Barranca Larga-Ventanilla sin que Villa Sola de Vega acepte dividir las 19,600 hectáreas en disputa.
En menos de una semana, por tercera ocasión, Marcos Sánchez, Hipólito Rojas y Felix García, dirigentes del CIT-FITO, cierran el acceso al acarreo de piedra al Rompeolas Oeste en Salina Cruz.
Presionan al Gobierno federal y estatal con chantajes para acaparar los contratos de transporte de material pétreo, apoyados por Jorge Franco, operador político de Alejandro Murat y Salomón Jara.
En redes sociales se criticó que el Gobierno de Oaxaca lo sabe y lo permita, y se cuestionó ¿Hasta dónde es el compromiso de Salomón Jara con ese personaje para no actuar en su contra?
Para exigir que no continúen despojos y la privatización de recursos naturales por el Interoceánico, habitantes del Istmo bloquean la carretera a Huamelula. Demandan reunión con autoridades.
Estas acciones de chantaje por grupos de presión y organizaciones políticas, sociales y sindicales, ponen en riesgo de conclusión los proyectos de la carretera a la Costa y el Corredor Interoceánico.
En tiempo y forma, no a toro pasado, advertimos que era muy grave ceder a los chantajes de los grupos de presión y renunciar a ejercer el poder, al sentar un precedente sumamente negativo.
Hacerlo, refleja una derrota anunciada del gobierno de Salomón Jara al renunciar a aplicar la Ley para retirar los bloqueos del MULT y garantizar la libertad de tránsito y de trabajo de su personal.
El Estado no puede renunciar, bajo ninguna circunstancia, a su obligación de cumplir con la ley. Es su obligación hacer uso de la violencia legítima al detentar constitucionalmente su monopolio.
La aplicación de la Ley por el Gobierno no es objeto de negociación, ni las autoridades deben condicionar su actuación al grado de violencia que pueda tener la respuesta a quien se le aplique.
Por salud pública del gobierno de Salomón Jara, indispensable es airear abiertamente la interrogante: ¿Quién traiciona y empina al gobernador Salomón Jara con este tipo de decisiones?
Al aventurar una hipótesis, podemos asegurar que lo hace uno o más de los integrantes de su “círculo rojo”, responsables de la política interior y por ende de la gobernabilidad en el estado.
Acaso los responsables son, Jesús Romero, secretario de Gobierno, el foráneo José Antonio Rueda, Jefe de Gabinete; el Consejero Jurídico, Giovanni Vásquez, o Nino Morales, de Administración.
Así ha ocurrido a lo largo de la historia con los gobernadores, a través de sus supuestos amigos e incondicionales, ora gitanos, toficos, talibanes, burbujos, vicegobernadores, yupis o yopes.
Mucho daño han hecho estos lambiscones a sus amigos y jefes al traicionar su amistad y confianza,
dedicándose a saquear al pueblo de Oaxaca durante el gobierno en turno, sin límite ni llenadera.
Por otro lado, una vez más, el tiempo nos dio la razón tras advertir de manera responsable en nuestra anterior entrega el sismo político por venir en el gobierno de Salomón Jara Cruz.
Ahí está el bloqueo en la supercarretera por ineptitud de la Fiscalía en la desaparición de mujeres y las acciones guerrilleras de normalistas con cohetones, secuestro de autobuses y bloqueos.
Familiares de Andrea Itzel Martínez, desaparecida en Suchilquitongo, bloquearon la autopista Oaxaca-Puebla, tramo Huitzo-Oaxaca. Exigen al fiscal carnal, agilice e intensifique su búsqueda.
Los activistas y milicianos normalistas tomaron oficinas administrativas del IEEPO. Insisten en obtener plazas de manera automática, demanda que no ha sido conciliada, menos resuelta.
Los supuestos desplazados triquis del MULT marcharon del Paseo de la Reforma al Zócalo para exigir justicia a AMLO y garantías para su retorno. La Ciudad de México es caja de resonancia.
Las movilizaciones cuestan mucho dinero y más si los normalistas con dos semanas en plantón duermen en casas de campaña nuevas y los triquis marchan en CDMX. ¿Quién los financia?
Sin toma de nota, la dirigente de la Sección XXII, Yenny Pérez Martínez, apoya la lucha de los normalistas. “Estamos legitimados, pero esperamos que se formalice la entrega del documento”.
Emplazó al gobierno a instalar mesas de negociación y dar respuesta a las demandas de justicia, sociales y educativas del MDTEO. De no ser escuchados, se reservan el derecho de accionar.
Asimismo, la Sección XXII y el Comité de Víctimas de Nochixtlán reprochan al presidente AMLO la impunidad por 7 años de los autores intelectuales, el exgobernador Gabino Cué y el expresidente Enrique Peña Nieto.
@efektoaguila
