Ante la reforma de ley de restringir el acceso a cargos públicos a personas que estén inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, propuesta por el Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz y aprobada por el Congreso de Oaxaca, Irma Bolaños Quijano, Presidenta Honoraria del DIF Oaxaca, celebró esta decisión que sienta las bases para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentación y a las mujeres hacia una vida libre de violencia.
El paquete de reformas a la Constitución Política de Oaxaca fue promovido el pasado 01 de febrero, a través del cual se atiende el compromiso del titular de la Gubernatura del Estado de vigilar el cumplimiento de este derecho que brindará seguridad a un nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los menores de edad en todo el territorio oaxaqueño.
Asimismo, permite al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), fortalecer el bienestar de las familias oaxaqueñas, ya que con la salud física que proporciona la alimentación, se fortalece la salud integral de las personas, lo que se traduce en mejores condiciones de vida.
“Para el DIF Oaxaca la prioridad son la niñez y la adolescencia como titulares de derechos, y esta decisión sin duda suma al trabajo que estamos realizando con la entrega de apoyos como las dotaciones alimentarias y aparatos funcionales, entre estos las sillas de ruedas, aunado al proyecto `El Bienestar es para todas y todos`, mediante el cual buscamos otorgar certeza jurídica en la documentación de identidad de este sector de la población, para que puedan acceder a programas sociales y de educación”, destacó.
De igual manera, hizo patente el compromiso del organismo asistencial de seguir generando las estrategias y programas para mejorar la calidad de vida de las y los oaxaqueños.
Una vez que entre en vigor esta reforma, en Oaxaca ningún agresor podrá acceder a algún cargo en el servicio público de los tres Poderes del Estado y de los órganos autónomos, es decir, que se establece como requisito para fungir como servidores públicos, no ser deudores alimentarios morosos, salvo que acrediten estar al corriente del pago, cancelen esa deuda, o bien, tramiten el descuento correspondiente.
