Alfredo Martínez de Aguilar
El desbordamiento de las pasiones y los ánimos caldeados fomentados desde el poder presidencial impiden observar de manera objetiva y desapasionada la trascendencia del ejercicio ciudadano en Defensa de la Democracia y la Libertad.
La mayor lección de vida de la segunda marcha de organizaciones de la sociedad civil en los últimos tres meses, 13 de noviembre y 26 de febrero, es pasar de la división y enfrentamiento por la polarización cotidiana, a la unión ciudadana.
En el caso de las organizaciones convocantes en Oaxaca, Poder Ciudadano, Frente Cívico Nacional, Quinientocracia y Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca #UNO, el acuerdo tuvo como prioridad la Defensa de la Democracia y la Libertad.
El consenso fue resultado de la reflexión compartida entre Rebeca Cervantes, Lety Vasconcelos, René Arce y este columnista, a partir del hecho que sin Estado de Derecho y Constitución, no hay Libertad y sin esta, simple y sencillamente, no hay Democracia.
Avanzar en la construcción del Estado de Derecho Democrático ha tenido un alto costo en sangre, dolor y muerte, por la represión del viejo partido-gobierno hegemónico, lo que permitió crear sólidas instituciones nacionales como el INE y el TEPJF.
A 33 años de la creación del Instituto Federal Electoral y a 9 del INE, no gobernaría Morena y AMLO sin elecciones libres, garantizadas por este último, bajo los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad.
La defensa de Instituto Nacional Electoral (INE) como órgano autónomo constitucional va más allá de los partidos y del propio presidente de la República en turno. Unos y otro no debieran olvidar jamás que los triunfos y derrotas no son para siempre.
No se trata de defender a los consejeros electorales y menos sus salarios, muy por debajo de las multimillonarias prerrogativas que reciben anualmente los partidos políticos. Morena recibe este año $1,909,748,619 sin las responsabilidades del INE.
Por el contrario, las marchas #ElINENoSeToca y #ElVotoNoSeToca atienden a la defensa de los valores superiores de la Democracia y la Libertad, que incluye la defensa de los votos de los propios militantes de Morena y de AMLO en elecciones libres.
Sin embargo, hoy, a través de las reformas comprendidas en el Plan B se da un golpe de estado técnico desde el Poder Legislativo, representado por el Congreso de la Unión, con mayoría de legisladores de Morena incondicionales al presidente.
El pasado 13 de noviembre de 2022, la aplastante fuerza del poder ciudadano triunfó al salir a las calles de todo el país e incluso del extranjero y echar abajo la reforma constitucional que buscaba cancelar las posibilidades de alternancia en el poder en México.
Logramos hacer realidad la demanda “El INE no se toca”. Nuestro éxito no fue intrascendente, ni menor. Nuestra voz se escuchó fuerte y claro, dentro y fuera del país, y golpeó en su centro las intenciones por desmantelar nuestro sistema electoral.
Como reacción vinieron seis reformas secundarias en materia electoral que buscan, una vez más, dinamitar a las instituciones de la plataforma democrática nacional que gozan de mayor reconocimiento en México y en el mundo democrático.
Las reformas impiden que sigamos teniendo elecciones libres, confiables y legales. Desaparecen los distritos, oficinas, funcionarios especializados, pero no desaparecen la encarnizada lucha por socavar nuestros derechos, ni las obligaciones del INE.
La democracia está ante el mayor riesgo que podamos imaginar. Estas reformas acabarían con los cimientos democráticos. Lo sabemos bien: sin elecciones libres y resultados confiables no habrá espacio para otras causas ni demandas democráticas.
Las reformas polarizan, dividen y enfrentan a los mexicanos, ahondan las desigualdades. No fueron producto del consenso político, no obedecen a necesidades sociales ni políticas. El único argumento es el supuesto “ahorro” que excluye a los partidos.
Sin diagnóstico ni cifras precisas, ese ahorro no solo significa otro “austericidio” más, sino el peor atentado al ejercicio de nuestros derechos políticos y a los anhelos de igualdad y justicia que mantenemos secularmente los mexicanos y oaxaqueños.
El Senado de la República votó el único artículo pendiente de esas reformas y con ello soltó la guillotina que destazará al INE. En cuanto el paquete legal sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, iniciará el mayor desafío que haya conocido nunca el Poder Judicial.
Las instituciones públicas, los partidos políticos de oposición, estados y municipios, harán uso de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como última esperanza de democracia y libertad.
Organizaciones civiles como Poder Ciudadano, Frente Cívico Nacional, Quinientocracia y #UNO y ciudadanía acompañaremos estos recursos como amigos de la Corte y nos movilizaremos en todo el país para presentar y acompañar todos los instrumentos legales a nuestro alcance.
Confiamos en las y en los ministros, magistrados y jueces que tendrán bajo su responsabilidad las decisiones más importantes para el presente y el futuro de nuestro país. Esperamos que atiendan sin dilación el llamado ciudadano a cumplir con su deber y protejan la Constitución.
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@efektoaguila
