El Universal
María Teresa vive en Ciudad Ixtepec, donde el pasado 14 de febrero fue atacada con una sustancia química que le arrojó su expareja. Tras la agresión, la sustancia química que le fue arrojada fue sometida a pruebas periciales, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), mientras que la joven buscó acompañamiento de otras víctimas para comenzar un arduo camino por justicia, pero sobre todo porque teme por su vida.
Ante las autoridades, la víctima narró que este no fue el primer ataque de su expareja, sino que en diferentes ocasiones recibió agresiones; en una de ellas el hombre intentó agredirla con un objeto corto-contundente.
Fue por ello que María Teresa contactó con María Elena Ríos Ortiz, saxofonista oaxaqueña, activista y sobreviviente de tentativa de feminicidio a través de un ataque con ácido.
Tras conocer el caso, María Elena, quien fue víctima del primer ataque con ácido documentado en Oaxaca, lamenta que, en los últimos años, exista una normalización de lo que se ha denominado como violencia ácida y violencia química.
Explica que mantuvo contacto con María Teresa algunos días y ella, como muchas otras víctimas, no conocen el proceso que deben seguir para denunciar sus casos.
A ello se suma que las fiscalías en México no tienen cifras oficiales del número de ataques con ácido, así como con sustancias químicas y sólo se tienen las cifras construidas y documentadas por las organizaciones sociales.
Sobre los ataques con ácido, un recuento de la Fundación Carmen Sánchez contabiliza, hasta 2021, a 28 mujeres víctimas en las últimas dos décadas. De esas 28, sólo 22 han logrado sobrevivir a las agresiones.
Los datos agregan que en 85% de los casos el autor intelectual fue un hombre: cinco de ellos eran parejas sentimentales de las víctimas y 11, exparejas. La organización también apunta que 96% de los casos denunciados no tiene sentencia.
Antes de ser agredida, María Teresa había denunciado violencia doméstica ante las autoridades, que sólo le entregaban órdenes de restricción, documento que ella misma debía dar a su agresor. “Él me ha amenazado. Tengo miedo de que llegue a matarme… y ya me dijo que puede hacer cualquier cosa y al final matarse él”, señaló la víctima.
Fue ese miedo lo que hizo que, pese a que María Teresa buscó el acompañamiento de víctimas y medios de comunicación, con el transcurso de los días y ante el riesgo en el que se encuentra su vida y la de sus hijas, decidiera perder contacto con quienes la acompañaban.
Delito que no se castiga
El delito del que fue víctima María Elena y ahora también María Teresa no es aislado. En México, 222 mujeres recibieron amenazas de ser agredidas con ácidos o sustancias químicas, según cifras del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim). De éstos, 47 fueron perpetrados sin que se especifique la sustancia con la que cometieron el ataque.
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Para María Elena Ríos, no es la difusión que se le da a los casos de quienes han sufrido violencia ácida o química la que ha propiciado la normalización de estos ataques, sino la desatención y omisiones de las autoridades para atender a las víctimas de violencia y para sancionar a quienes los cometen.
“El ácido es muy común y frenar la venta no es suficiente. Nos queman con gasolina, nos queman con alcohol, con las sustancias químicas que se les ocurren”, lamenta la joven y añade que en los últimos tres años se han registrado al menos cinco casos a nivel nacional.
Los datos la respaldan. Hasta diciembre de 2020, la Fundación Carmen Sánchez registraba 20 casos de violencia ácida o química en México. En 2018, antes del ataque contra María Elena Ríos, se registraron siete. En 2020 sucedieron tres.
El más reciente del que Malena tiene conocimiento sucedió en Veracruz, contra una mujer trans que fue atacada con sosa cáustica, un agente corrosivo. Los medios de comunicación apuntan que otra mujer trans fue atacada con ácido en Guadalajara, en octubre de 2021.
Ante esta normalización de la violencia química, las leyes poco a poco han comenzado a reformarse. Tras el caso de María Elena, en marzo de 2020, el Congreso de Oaxaca aprobó sancionar hasta con 40 años de prisión “al que por sí o por interpósita persona infiera una alteración en la salud o cualquier daño que deje huella material en el cuerpo de una mujer por razón de género, usando para ello cualquier tipo de agente físico, químico o sustancia corrosiva”.
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Y apenas el 2 de marzo, en Puebla se aprobó tipificar como tentativa de feminicidio los ataques con ácido o químicos. Pese a la legislación, Malena lamenta que las autoridades criminalicen a las víctimas y no les brinden atención apropiada, pese a que su vida está en riesgo.
Mientras la ley se promueve en todo el país para sancionar los ataques con ácido, químicos y solventes, María Elena afirma que es urgente que el sector salud registre a las víctimas e informe a las autoridades para darle seguimiento y tener un registro oficial de ellas.
Aunque el 22 de febrero se vinculó a proceso y dictó prisión preventiva al agresor de María Teresa; ella no ha vuelto a pedir respaldo de redes de apoyo.
