Alfredo Martínez de Aguilar
¡Gobernador Salomón Jara Cruz, bienvenida la instalación del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU) en San Lorenzo Albarradas o en cualquier otro municipio!
No está a discusión el impacto social del Centro en materia ambiental y de salud, económico y laboral, al generar cientos de empleos, el problema es su ubicación por falta de consulta previa.
Urge solucionar la prefabricada crisis de la basura por el ilegal cierre del tiradero por el morenista alcalde de Zaachila para intentar tirar a su correligionario munícipe de la capital oaxaqueña.
Por ello, el gozo por el anuncio oficial se fue al pozo sin Consulta Previa, Libre e Informada para obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas de los municipios de Tlacolula.
El proceso de consenso los pueblos y comunidades indígenas es de obligado cumplimiento gubernamental, pues es un derecho humano fundamental consagrado constitucionalmente.
Aun cuando el gobernador ha insistido en sus últimas conferencias semaneras que se dialogó y tomaron acuerdos con los municipios y representantes agrarios, estos rechazan el proyecto.
Y no solo es el Pueblo Mágico de San Pablo Villa de Mitla gobernado por el panista Luis Armando Olivera López, sino también por los habitantes de San Lorenzo Albarradas y de San Isidro Roaguía.
La terca realidad que finalmente termina por imponerse, obliga a preguntar quién o quiénes de sus amigos y colaboradores mienten, mal informan y, por tanto, engañan y traicionan al Gobernador.
Obligado es también escudriñar si los amigos y colaboradores del gobernador lo hacen por ineptitud e inexperiencia, enloquecidos por la soberbia o por mala leche para crear “infiernitos”.
Sigue la creciente inseguridad y brutal violencia desbordada con imparables ejecuciones, incluso, de políticos, como el ex edil de Juquila Francisco Zárate, desapariciones, asesinatos y feminicidios.
A ello se suman los permanentes bloqueos y frecuentes conflictos agrarios con saldos sangrientos en enfrentamientos entre comunidades indígenas en las diversas regiones del estado de Oaxaca.
Baste mencionar el enfrentamiento ocurrido ayer entre San Juan Bautista Tlacoatzintepec y San Andrés Teotilálpam, Cuicatlán, con riesgosas agresiones a elementos de la Guardia Nacional.
El gobierno de la Primavera Oaxaqueña debe encender “focos rojos” en los municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa por el abandono gubernamental y el conflicto limítrofe con Chiapas.
Desesperados por la falta de atención médica por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), habitantes de San Francisco La Paz, Santa María Chimalapa, demandan la intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que se garantice su derecho a la salud.
Es preocupante que por falta de visión y sensibilidad, inteligencia y humildad, en los responsables de la política interior y la seguridad pública estallen diversos conflictos por doquier en el estado.
Entendible, jamás justificable, porque el Coordinador de Delegados de Paz del Gobierno del Estado de Oaxaca, Donato Vargas Jiménez, está más ocupado en dar rienda suelta a sus bajos instintos.
El pasado 23 de abril se realizó una asamblea comunitaria en el municipio de Mitla, solicitada por las agencias y colonias, el Ayuntamiento, el Comisariado Comunal y el Comisariado Ejidal.
Los habitantes de Mitla rechazaron por unanimidad la instalación del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos en su agencia de San José del Paso limítrofe con Albarradas.
Advierten los riesgos a la Salud que a corto, mediano o largo plazo pudiera ocasionar el tránsito diario de 850 toneladas de residuos sólidos urbanos y la falta de información técnica del Proyecto.
Asimismo, la afectación a la imagen visual de esta importante ruta turística, entre los que destacan el corredor Arqueológico Valle de Tlacolula- INAH, Hierve el Agua, la Ruta del Mezcal, entre otros.
Tras una asamblea general, Roaguía rechazó el proyecto a pesar de “los supuestos beneficios que argumenta el Gobierno del Estado que se obtendrían para los ciudadanos de la zona”.
Los habitantes de Roaguía sostienen que el CIRRSU no solo afectaría gravemente su ecosistema, sino que además dañaría la imagen y la afluencia del parador turístico de Hierve el Agua.
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