Alfredo Martínez de Aguilar
La permanente y creciente orgía de sangre a lo largo y ancho del territorio oaxaqueño por asesinatos, ejecuciones, levantones, secuestros y feminicidios, amenaza convertir a Oaxaca en un estado fallido.
Cumplir los primeros seis meses de gobierno obliga al gobernador Salomón Jara a hacer un corte de caja y cortar cabezas antes de ser rebasado por la inseguridad y brutal violencia, con descuartizados.
Es un axioma ampliamente conocido en la administración pública que lo que no se mide no se evalúa y la mejor medida para valorar los resultados es la terca realidad que finalmente termina por imponerse.
Ante el desbordamiento de los conflictos, cada día permea más en el ánimo popular la percepción generalizada que la gobernabilidad realmente está prendida de alfileres por improvisación y soberbia.
Como ejemplo concreto, baste mencionar el caos vial que provocaron marchas y bloqueos de calles en la capital oaxaqueña y en carreteras de diversas regiones del estado, el Istmo, la Mixteca y la Sierra Sur.
La organización marxista-leninista Sol Rojo-Frente Popular Revolucionario (FPR) y vecinos de la Colonia Aurora bloquearon el crucero de Fonapas, Avenida Juárez y Héroes de Chapultepec, por falta de agua.
La Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República no evitaron la toma de la caseta de cobro de Huitzo por Sol Rojo, pese a ser su responsabilidad evitar atentados a las vías generales de comunicación.
Bloquearon la carretera 190 en el paraje El Guamol, entre Santiago Niltepec y Zanatepec, en el Istmo de Tehuantepec, sin paso al estado de Chiapas, y la carretera 175, en Monjas, Miahuatlán de Porfirio Díaz.
MAIZ bloqueó en Huajuapan, en la desviación a Tezoatlán de Segura y Luna, a Acatlán de Osorio, Puebla, y en la agencia Agua Dulce. Otro bloqueo se dio en la Carretera 131, en el Vado, Ejutla de Crespo.
En menos de seis meses, han estallado al menos cinco conflictos agrarios, con saldos sangrientos de muertos y heridos en luchas fratricidas alimentadas por el narcotráfico, el tráfico de armas y migrantes.
Huérfanos y viudas exigen justicia por el enfrentamiento entre Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán, Santa Cruz Zenzontepec y San Lucas Atoyaquillo, Villa de Guadalupe y San Miguel El Grande.
Las familias que perdieron a sus seres queridos hacen suyo el mismo clamor por la violencia entre Santiago Yaitepec y Santiago Xochiltepec y sus vecinos de Santiago Textitlán, más los que se acumulen.
A estos conflictos se suman los fracasos y más fracasos de las mesas de diálogo en la Nación Triqui, donde de manera recurrente se reportan ataques o enfrentamientos y cuyo caso quedó abandonado.
Asimismo, podría estallar conflicto agrario entre Chicapa y San Dionisio del Mar, en el Istmo. Con zanjas y montones de tierra, los vecinos de Chicapa de Castro decidieron bloquear la carretera a San Dionisio.
El júbilo de pueblo y gobierno por la recuperación de 162 mil hectáreas invadidas por Chiapas en los Chimalapas se empaña por el despojo de la propia Corte de 10 mil hectáreas en la definición de límites.
El perito del tribunal constitucional incurrió en un grave error al ubicar equivocadamente las coordenadas limítrofes en la parte norte en Veracruz y en la parte sur, cuatro kilómetros mar adentro.
A 39 años de la resolución presidencial del 25 de mayo de 1984 que expropió 20 mil 975-01-65 hectáreas en Huatulco sin ejecutar la sentencia, los comuneros demandan certeza jurídica en sus tierras.
Por las zonas urbanas ya establecidas que se dedican a la agricultura, ganadería, pesca y turismo, Bajos del Arenal y Bajos de Coyula rechazan que sus tierras sean decretadas zonas de reserva natural.
Este conflicto estallará al gobierno de Salomón Jara Cruz, toda vez que al desaparecer el FONATUR las tierras expropiadas para el desarrollo Bahías de Huatulco pasaron a manos de la Primavera Oaxaqueña.
Los recursos federales para la administración del complejo turístico Bahías de Huatulco serán canalizados al gobierno del estado para su operación y administración que realizaba Fonatur.
Al mismo tiempo, el gobierno de Oaxaca asumió el control del desarrollo de infraestructura, la construcción de obras en las Bahías de Huatulco y la administración del fideicomiso que lo creó.
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