Alfredo Martínez de Aguilar
Ayer, 30 de mayo, se cumplieron 39 años del crimen de Estado desde el poder presidencial del periodista Manuel Buendía Tellezgirón, que abrió las puertas del infierno de la violencia contra los periodistas mexicanos y oaxaqueños. ¡Fue y es el Estado!
El presunto móvil del homicidio fue la información de Buendía sobre la complicidad de la CIA, el presidente Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett y el general Juan Arévalo Gardoqui con los narcotraficantes, en apoyo a la contra nicaragüense.
Por el mismo motivo, presuntamente murió el agente antinarcóticos de la DEA Enrique Kiki Camarena Salazar, como hasta ahora ha revelado el ex coordinador de la Operación Leyenda, Héctor Berréllez, quien trabajó 27 años con la DEA.
Pocos días antes del crimen, Buendía había publicado en su columna Red Privada la denuncia de un columnista estadunidense, Jack Anderson, según la cual, el presidente De la Madrid poseía una cuenta en un banco suizo, donde había fondos de origen ilegal.
La muerte de Manuel Buendía con la participación del director de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), José Antonio Zorrilla Pérez, se ha interpretado siempre como muestra de la violación a la libertad de prensa y libertad de expresión desde el poder.
Zorrilla Pérez fue detenido el 13 de junio de 1989 y condenado a 35 años de prisión en el Reclusorio Norte. Fue trasladado a prisión domiciliaria el 10 de septiembre de 2014. Sin embargo, a Manuel Bartlett no se la ha tocado ni con el pétalo de una rosa.
Los ataques son permanentes, el nuevo embajador de China en México, Zhang Run, criticó a los medios por su cobertura sobre el fentanilo ilegal, haciendo eco, se quejó, de las acusaciones en Estados Unidos. Seduce al gobierno con el poder del dinero y coquetea con López Obrador elogiándolo por criticar a los políticos en Washington.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de los derechos humanos estiman que más de 300 periodistas han sido asesinados desde 1980 en México. Los ataques contra estos en México aumentaron con la guerra contra el narcotráfico en 2006.
En las últimas cuatro décadas hay un denominador común, que lleva a las agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas en México y Oaxaca a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en complicidad con el crimen organizado y el narcotráfico.
Este hilo conductor y correa de transmisión se confirmó el viernes 26 de mayo cuando el periodista, Manuel Bravo, fue agredido, detenido y encarcelado ilegalmente por cuatro horas, por las autoridades municipales de San Lorenzo Cacaotepec.
El reportero free lance Manuel Bravo ha interpuesto la Queja correspondiente ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado, instancias a las que demandamos se investigue y sancione el abuso de autoridad en su contra.
A cinco años de cometido con todas las agravantes de la ley, premeditación, alevosía y ventaja, siga impune el asesinato de la fotorreportera María del Sol Cruz Jarquín, en Juchitán de Zaragoza, junto con la candidata Pamela Terán y el chofer Adelfo Guerra.
Es condenable que al estar involucrados Francisco Javier Montero, ex secretario de Asuntos Indígenas, y su hermano Hageo, candidato a presidente municipal del PRI, los crímenes sigan impunes. Sol Cruz fue comisionada por el titular de la SAI para cubrir la campaña de Hageo.
Sumamos nuestra más enérgica condena y demanda de ¡Justicia! al permanente clamor de nuestra compañera y admirada amiga Soledad Jarquín Edgar, madre de Sol, así como de las familias de los otros 14 periodistas asesinados en Oaxaca de 2000 a 2022.
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@efektoaguila
