Uriel Pérez García
En un contexto de evidente mofa a la ley y abierto desafío a la autoridad electoral, aspirantes a la Presidencia de la República han iniciado con antelación el proceso electoral a través de lo que en los hechos queda claro se trata de actos anticipados de precampaña, pero que en estricto sentido no podría sancionarse mientras no exista un llamado expreso al voto.
No obstante, la realidad debe conducir a la reflexión sobre lo que debería modificarse en las reglas del juego para sentar las bases hacia nuevos criterios que sancionen la transgresión al principio de equidad en las contiendas electorales, o que en su defecto derive en nuevas normas que eviten el actuar de los partidos y aspirantes de manera tramposa.
En primer lugar hay que señalar que la equidad de la contienda es un principio constitucional que tiene como finalidad garantizar que en un sistema democrático todas las personas que legítimamente aspiran a un cargo de elección popular lo hagan en condiciones de igualdad, de manera que desde esta perspectiva, el posicionamiento de la imagen de manera anticipada por medio del ejercicio cargos públicos o a través de eventos disfrazados de procesos internos indudablemente contraviene dicho principio.
De acuerdo con algunos criterios que ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los actos anticipados de precampaña y campaña consisten en aquellas expresiones que los contendientes o aspirantes a cargos de elección popular llevan a cabo de manera previa al inicio formal de las etapas destinadas para la consecución del apoyo ciudadano, es decir previo al inicio formal de las precampañas, campañas o incluso del inicio del proceso electoral, como es el caso.
El TEPJF ha sostenido además que los actos anticipados de campaña tienen el objetivo de obtener un beneficio para ganar simpatía a través de la exposición de la oferta política o mediante la descalificación de los contendientes. Partiendo de este criterio vale la pena revisar por ejemplo la presentación del denominado plan “Ángel” como propuesta de seguridad del ex canciller Marcelo Ebrard, que poco o nada tendría que ver con un proyecto para ganar un proceso interno de un cargo en el partido y mucho con una promesa de campaña para obtener una candidatura.
Por otra parle la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) señala como actos anticipados de precampaña aquellas expresiones que se realicen desde el inicio del proceso electoral y hasta antes del plazo legal para el inicio de los procesos de selección interna de las candidaturas, que para el caso de este proceso será hasta la segunda mitad del mes de noviembre de este año.
Pero recordemos que las leyes las diseñan los mismos partidos, de tal manera que de acuerdo a la ley en mención para constituir un acto anticipado de precampaña o campaña debe existir un llamado expreso al voto en favor o en contra de alguna precandidatura, situación que no representa dificultad para las y los aspirantes mientras se les permita el posicionamiento y exposición de su imagen.
Sin embargo la misma ley electoral describe como precampaña al conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y aspirantes a cargos de elección popular para la selección de candidaturas. Si bien es cierto que en la forma se habla de procesos internos para seleccionar otros cargos y no precisamente candidaturas, queda claro que en los hechos quienes resulten electos serán futuros candidatos o candidatas.
En todo caso las autoridades electorales tienen dos rutas, una inevitable y otra que permitiría sentar precedentes: apuntar con lupa hacia la fiscalización de los recursos que los partidos están utilizando en estos momentos, ya que se trata en su mayoría de recursos públicos; y en segundo, negar el registro a quienes desde ahora están incurriendo en actos anticipados que aun cuando no hacen el llamado expreso al voto, han tomado ventaja posicionándose en el electorado y utilizando recursos para dichos fines.
El reto no es sencillo dada la presión que ejercen los propios partidos y no se diga el gobierno que apenas hace unos meses puso contra la pared al INE, sin embargo las instituciones deben tomar la iniciativa de la aplicación estricta de la ley, así como de interpretaciones menos ambiguas que sancionen lo que a todas luces es evidente. No debería temblarles la mano, solo así se puede transitar hacia nuevos criterios o reformas que anulen la cultura de la trampa y deshonestidad.
