Alfredo Martínez de Aguilar
El Dr. Abel Antonio Morales Santiago afirma categórico “no es el camino aumentar los impuestos para incrementar la recaudación, deben pagar impuestos quien obtiene ingresos y no lo hace”.
Para ampliar la base tributaria en la economía informal y en profesiones que no declaran ingresos reales, impulsa en la Secretaría de Finanzas investigar la discrepancia fiscal entre egresos e ingresos.
Incurren en esta, personas físicas que realizan erogaciones, gastos, depósitos en cuentas bancarias, inversiones, uso de tarjetas de crédito, compra de bienes muebles e inmuebles, con montos superiores a los ingresos que declaran.
“Ya no importa si el contribuyente está en la oscuridad o en la formalidad, pero no paga impuestos porque no declara sus ingresos reales, porque hay otras formas de fiscalizar ya previstas en la ley”.
Se tiene la información catastral de los últimos cinco años de profesionales que no dan recibos ni aceptan tarjeta solo efectivo, pero compran autos de lujo, terrenos, residencias y pagan colegiaturas.
Advirtió que la Procuraduría Fiscal tiene facultades para aplicar la sanción de inmovilizar o congelar cuentas bancarias, lo que en el caso de las empresas les genera graves problemas de operación.
El Dr. Morales Santiago sugiere aplicar la extinción de dominio “porque no sirve de nada que una persona se vaya a la cárcel si los bienes adquiridos de manera ilegal no pasan al poder del estado”.
El Procurador Fiscal sabe de lo que habla, le avala ser licenciado en Contaduría Pública y Derecho, Maestro en Derecho Fiscal y en Derecho Constitucional y Amparo y Doctor en Ciencias de lo Fiscal.
En entrevista en el programa de televisión Oaxaca en la Mira con Raúl Castellanos, Cornelio Merlín y este columnista, Abel reitera su política de puertas abiertas y el compromiso de atención personal.
Para evitar conflictos por la entrega de participaciones federales entre los municipios y sus agencias llamó a los poderes Judicial y Legislativo a obligar y sancionar a los Ayuntamientos que no lo hagan.
La Sala Indigena debe obligar a los municipios que entreguen las participaciones de los ramos 28 y 33 y de los Fondos III y IV a las agencias o fincarles responsabilidades y multas por desacato.
Al mismo tiempo, la XLV Legislatura del Congreso del Estado debe exigir a los municipios la entrega de los recursos de las participaciones a las agencias, decretar suspenderlos o desaparecer poderes.
La Sala Indígena ordena a la Secretaría de Finanzas retener participaciones a los municipios y pagar directamente a las agencias, pero no lo puede hacer porque lo prohíbe la Ley de Coordinación Fiscal.
La ley es muy clara, subrayó, hay que entregar el dinero completo sin descuentos a los municipios conforme a un calendario y estos tienen la obligación de entregar las participaciones a sus agencias.
No procede vincular a la Secretaría de Finanzas y de Hacienda y Crédito Público porque los recursos porque no tiene facultades para retener y entregar los recursos de las participaciones a las agencias.
Morales reiteró que cualquier orden gobierno debe ajustarse al principio de legalidad y en la Procuraduría Fiscal laboran apegado a ello y dan la razón a quien le asiste estrictamente la justicia.
Cuando hay revisión fiscal de impuestos federales o estales la ley permite que si el contribuyente se autocorrige y paga se condona el cien por ciento de las multas del orden del 55% del crédito fiscal.
El Procurador Fiscal lamentó que haya subejercicios de recursos de la pasada administración que no se entregaron a diferentes municipios y se tienen que devolver a la Tesorería de la Federación.
Asimismo, se dolió que haya créditos determinados, notificados, pero no cobrados por la pasada administración, que al pasar cinco años ya prescribieron por falta de gestión de cobro de Finanzas.
@efektoaguila
