El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó la fiscalización
de los procesos políticos para elegir a la persona responsable para la construcción
del Frente Amplio por México y Coordinadora de Defensa de la Cuarta
Transformación, los cuales tuvieron lugar en agosto y septiembre pasados.
Una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó
sobre la legalidad de estos Procesos Políticos Previos del Proceso Electoral Federal
2023-2024, el INE inició los trabajos de fiscalización de los mismos, para dar certeza
y garantía sobre el origen y destino de los recursos para llevarlos a cabo.
Derivado de la labor de fiscalización del INE, el Consejo General impuso sanciones
por un total de 87 millones 482 mil 399 pesos por irregularidades encontradas en la
revisión del Informe de los Procesos, Actos, Actividades y Propaganda realizados
en los procesos políticos.
El Consejero Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización,
explicó que fueron revisados 19 informes de personas participantes en estos
Procesos Políticos Previos, y seis más de las fuerzas partidistas, además de que se
efectuaron 224 recorridos de inspección en las 32 entidades federativas.
Respecto de la propaganda colocada en la vía pública, se detectaron seis mil 270
hallazgos y se registraron 366 espectaculares, aparte de que en un monitoreo en
páginas de internet se localizaron cinco mil 56 acciones, al igual que 375 reportes
sobre conceptos de gastos en eventos realizados por los participantes.
Después del análisis conducente, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó
diversas conductas sancionables, entre las que destacan egresos e ingresos no
reportados, gastos no comprobados y aquellos que no se vincularon con los
procesos políticos.
Diversas Consejeras y Consejeros emitieron reflexiones y comentarios en lo
individual, los cuales estuvieron enfocados en promover la mejora continua de los
procesos y prácticas que desarrolla el INE en la fiscalización; por ejemplo, en
materia de criterios de deslinde que hacen los sujetos obligados sobre propaganda
colocada en la vía pública o en espectaculares y revistas, así como en la forma en
que son evaluados y cuantificados algunos conceptos de gasto detectados por el
personal del Instituto asentados en las actas de verificación.
Según el dictamen de la Unidad Técnica de Fiscalización, los institutos políticos
incurrieron, además, en conductas diversas, tales como haber recibido aportaciones
de ente impedido, así como en especie de personas inscritas y de militantes y
simpatizantes.
En consecuencia, las y los Consejeros Electorales determinaron diversas sanciones
a los sujetos obligados:
Partido
Monto total de las
sanciones aprobadas
en CG
Partido Acción Nacional $6,861,776.40
Partido Revolucionario Institucional $1,643,650.49
Partido de la Revolución Democrática $1,168,631.10
Partido del Trabajo $1,248,303.42
Partido Verde Ecologista de México $8,540,354.76
Morena $68,019,683.81
Total general $87,482,399.98
Se han registrado 330 casos de Violencia Política contra Mujeres en Razón de
Género
El máximo órgano de dirección del Instituto conoció, por otra parte, el Informe en
Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG),
que, del 14 de abril del 2020 al 5 de diciembre del 2023, implicó la recepción de 330
quejas, denuncias o vistas, de las cuales se han registrado 108 Procedimientos
Especiales Sancionadores, 30 Cuadernos de Antecedentes y se determinó la
incompetencia en 192 casos, haciendo las remisiones correspondientes a la
autoridad competente. De un análisis integral de los datos relacionados, se registró
a un total de 699 probables infractores, entre personas físicas, morales y partidos
políticos.
Asimismo, el informe indica que 156 procedimientos han concluido (81%) y 36
continúan en trámite (19%), en tanto que, de los casos concluidos, 82
correspondieron a Organismos Públicos Locales, 40 a partidos políticos y 34 fueron
del conocimiento de autoridades diversas.
En el periodo mencionado se brindó atención a un total de 32 víctimas de VPMRG
en primera instancia, cinco de las cuales requirieron vigilancia por segunda ocasión.
Se destaca en el informe que en 33 procedimientos se recibió la petición de medidas
de protección, así como la prohibición al denunciado de intimidar o molestar por sí,
por cualquier medio o interpósita persona, a la víctima.
Con matices, las Consejeras Dania Ravel Cuevas, Norma De la Cruz Magaña y
Carla Humphrey Jordan, aseveraron que, aunque en el INE se sigue trabajando en
el fortalecimiento de las capacidades de atención a las víctimas, se requiere una
intensa campaña de difusión y capacitación para determinar qué sí es VPMRG, a
fin de actualizar sus elementos, además de crear una defensoría de mujeres, como
área técnica encargada de prestar gratuitamente los servicios de atención integral
de primer contacto, defensoría jurídica, asesoría legal en materia administrativa
electoral y jurisdiccional electoral, en favor de las mujeres candidatas.
