CENTRO OAXACA/REDACCION
Un juez federal ordenó la reposición del procedimiento contra la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta y tres personas más, declaradas culpables por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu Cruz.
La alcaldesa había sido beneficiada con una sentencia de sólo cuatro años de prisión, por lo que una nueva sentencia podría tenerla hasta 40 años en prisión, como habían sido sentenciados los otros involucrados en este caso.
Lizbeth Victoria Huerta, extraída de Morena, había llegado el poder de Nochixtlán tras la represión del 19 de junio de 2016, cuando la Policía Federal desalojó a maestros y padres de familia que se oponían a la reforma educativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Esto dejó 8 personas fallecidas, 103 lesionados, 46 afectados por la exposición a gases lacrimógenos.
La alcaldesa fue acusada de ser la autora intelectual de la desaparición forzada de la activista, quien fue vista por última vez el 26 de marzo de 2021, cuando participó en una protesta contra la alcaldesa.
Inicialmente la alcaldesa fue detenida y procesada como autora intelectual de la desaparición forzada, pero condenada posteriormente por el delito de obstrucción a la investigación y sentenciada a cuatro años, dos meses y 22 días de prisión.
Al solicitar la familia la reposición del procedimiento,a través del juicio de amparo 638/2023, el juez de distrito Emanuel Hernández Alba, titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, a familiares de la víctima Claudia Uruchurto Cruz.
Por lo anterior, la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJO) determinó se revoque la sentencia a la expresidenta.
El juez ordenó reponer el procedimiento de Lizbeth Victoria Huerta y de los imputados Juan Antonio “N”, Nelci Yanet Vásquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita, todos condenados a 40 años de prisión, por lo que ahora se llevará a cabo un nuevo juicio y se repondrá la audiencia de debate.
El amparo evidencia que la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, que conoció del caso, no reconoció el carácter de víctimas indirectas, a Sara Georgina, Aidé y Enrique Uruchurtu Cruz.
