Alfredo Martínez de Aguilar
La propuesta de privatizar predios desincorporados del régimen ejidal y comunal en la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado 2024 reabrió la crítica a la privatización.
El ingeniero y maestro en Derecho y Política Electoral, Manuel García Corpus, recientemente nombrado delegado del Registro Agrario Nacional (RAN), sale al paso de las críticas y aclara:
“El Gobierno del Estado no pretende incorporar a propiedad privada la tierra social de manera unilateral, violando la competencia federal y el derecho individual de los propietarios de la tierra”.
La cosmovisión de la cultura comunitaria de ejidos y comunidades, subraya, rechaza privatizar los 7 millones de hectáreas de tierra social de los 9 millones de hectáreas del territorio de Oaxaca.
Al corte de 2017, en el estado de Oaxaca solo 3,818 parcelas de 117 ejidos adoptaron el dominio pleno, que representa 10,636.44 hectáreas que equivalen al 1.96% del territorio certificado.
El Programa Certeza Jurídica de la Seguridad y Bienestar del Patrimonio otorga estímulos fiscales del 50% en derechos y 50% en desarrollo social, en la regularización de predios desincorporados.
Resalta que los estímulos fiscales del 100% en el pago de derechos del Instituto de la Función Registral y Catastral de Oaxaca ya se venía aplicando en la Ley de Ingresos del Estado 2023.
Sin embargo, la confusión generada por incrementar el padrón de propiedad inmobiliaria de los municipios y el impuesto predial, es oportunidad para desarrollar a los 1610 núcleos agrarios.
El impuesto predial sirve de coeficiente a la distribución de participaciones federales, lo que motiva otorgar estímulos fiscales en la Ley de Ingresos del Estado a la desincorporación de predios ejidales y comunales.
Asimismo, abre la posibilidad de crear la Secretaría de Asuntos Agrarios para ordenar a las dependencias agrarias estatales, Junta de Conciliación Agraria, Comisión Estatal de Límites y CORETURO.
Concentrar en una sola instancia a las diversas dependencias agrarias estatales, optimizaría los recursos presupuestales, humanos y materiales de las mismas y eficientar sus resultados.
Permitiría resolver los conflictos agrarios e impulsar el desarrollo de los núcleos agrarios en coordinación con las dependencias agrarias federales, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Tribunales Agrarios y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Posibilita, asimismo, la asociación de los núcleos agrarios certificados, 1363 ejidos y comunidades, como socios de inversionistas privados, a fin de detonar su desarrollo y crecimiento económico.
Ello permitiría aprovechar sus recursos naturales en venta de bonos de carbono, desarrollos ecoturísticos, embotellar su agua para comercializar e industrializar la madera de sus bosques.
No obstante, para lograrlo requieren inversión y capacitación que pueden aportar el capital privado con el que podrían asociarse y crear empresas, generar empleos y riqueza comunal.
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