Alfredo Martínez de Aguilar
El incendio en San Lucas Quiaviní, San Pablo Güilá y San Dionisio Ocotepec, Tlacolula, es una de las más amargas experiencias, al abrir las puertas del infierno y cobrar la vida de cinco comuneros.
A ello se suma la no menos grave consecuencia ambiental por la devastación de la flora y fauna en miles de hectáreas, por los más de 30 incendios forestales en las diversas regiones del estado.
Es ya un riesgo para la salud, particularmente para niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias, el aumento de contaminación en la calidad del aire de la zona metropolitana.
La pública y notoria ineptitud por improvisación, el abandono de funciones por ambición político-electoral y el nepotismo, debe obligar al Gobernador Salomón Jara a dar un golpe de timón.
Por salud pública y política, pero sobre todo por congruencia y buena imagen de su gobierno, debe dar un enérgico golpe de mano en su escritorio para evitar que se repita la tragedia de Quiaviní.
El Jefe del Ejecutivo estatal debe exigir la renuncia de quienes han traicionado su amistad y confianza al darles la oportunidad histórica y social de servir a Oaxaca y a los oaxaqueños.
Y debe hacerlo, no solo para sentar un precedente altamente positivo que en su gobierno no habrá impunidad ante la omisión y negligencia y menos ante la irresponsabilidad criminal.
Con respeto a la autonomía de la Fiscalía del Estado debe coordinarse con el Fiscal “florero” para que se investigue la identidad y sancionar a los probables responsables de provocar los incendios.
En el caso de Quiaviní hay ya un detenido y en el del incendio de Santa Lucía los habitantes responsabilizan presuntamente a Luis Rey López Martínez, ex regidor con el alcalde Raúl Cruz.
Testigos identificaron a presuntos sujetos afines al aspirante a alcalde por Movimiento Ciudadano que ingresaron a la zona del incendio y avivaron las llamas con gasolina, llantas y plásticos.
El objetivo de estos probables criminales, fue sacar beneficios políticos para Luis Rey López, quien se dijo se preparó para “arribar al lugar a brindar apoyo” como parte de su estrategia proselitista.
El riesgo es sumamente alto de que la explosiva mezcla de los incendios agravados por la falta de atención adecuada, provoque estallidos sociales como ocurrió en Quiaviní, Güilá y Ocotepec.
De ninguna manera se trata de pecar de exagerados ni menos de alarmistas. En San Lucas Quiaviní, San Pablo Güilá y San Dionisio Ocotepec, hubo bloqueos carreteros por varios días.
El Gobierno del ingeniero Jara Cruz debe tener mucho cuidado con la falta de atención a los incendios porque la angustia, desesperación y la soberbia, siempre serán malas consejeras.
Claro ejemplo de ello fueron retenidos siete servidores públicos del Gobierno del Estado, entre ellos, el propio Coordinador de Atención Regional, Donato Vargas, y dos Delegados de Paz más.
Acordaron liberarlos hasta que el incendio sea controlado. Exigen la presencia del Gobernador en la zona cero, y la renuncia del Secretario de Gobierno, Jesús Romero, por omiso y negligente.
De no sancionar enérgicamente la ineptitud por ineficacia e ineficiencia, la omisión y negligencia esta seguirá traduciéndose en criminal irresponsabilidad con mayor saldo de muertos y heridos.
De manera especial debe hacerlo Jara con el Coordinador Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR), Mauro Cruz Sánchez, al pedir licencia para ir en busca de una diputación.
La ambición política de este dejó en su lugar a su sobrina, Ana Cristina Sánchez Bautista, quien fungía como jefa del Departamento de Asesoría Comunitaria y Enlace Regional y Municipal.
Al igual que su tío Mauro Cruz Sánchez, Ana Cristina Sánchez desconoce totalmente los protocolos de Protección Civil y Gestión de Riesgos, y los incendios forestales se salieron de madre.
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