Alfredo Martínez de Aguilar
Como candidato y como presidente, la mayor promesa y compromiso histórico incumplido de Andrés Manuel López Obrador fue terminar con la escandalosa corrupción gubernamental.
Hábil y perversamente, capitalizó falazmente a su favor la indignación nacional por el hartazgo de la corrupción de los gobernantes del PRI y del PAN en México. Convenencieramente olvidó al PRD.
Sin embargo, la terca realidad que finalmente termina por imponerse lo ha desmentido un día sí y otro también, y de exhibirlo como abierto cómplice de las amplias redes de corrupción en el país.
De manera más que incongruente ha incumplido el espíritu de los principios éticos rectores de la inexistente Cuarta Transformación: no mentir, no robar, no traicionar; ha hecho lo contrario.
Hoy por hoy la impunidad garantizada a casos paradigmáticos de la corrupción de personajes del PRIMOR sepulta para siempre la principal promesa y compromiso histórico de López Obrador.
De entrada, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador estableció un pacto de presumible impunidad con el ex presidente priista Enrique Peña Nieto, cuya corrupción ni siquiera menciona.
Aunque se pretenda cerrar los ojos y negar la realidad, la impunidad presidencial no puede ocultar la escandalosa corrupción de sus amigos y protegidos, Manuel Bartlett Díaz e Ignacio Ovalle.
Está amplia y detalladamente documentada la corrupción familiar del controvertido director de la CFE con su pareja sentimental Julia Abdalá Lemus y su hijo León Manuel Bartlett Álvarez.
Entre 2011 y 2019 ambos adquirieron en puntos estratégicos predios favorecidos por el desarrollo del Tren Maya que suman 164 hectáreas en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum.
Este nuevo escándalo de corrupción en 2022 vino a sumarse a la posesión de 23 propiedades con un valor de 800 millones de pesos, que no fueron incluidas en sus declaraciones patrimoniales.
Y al escándalo por contrato de 23 millones de pesos presuntamente entregado “en secreto” a León Manuel Bartlett, hijo del titular de la CFE, por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En 2020, iniciada la pandemia, Cyber Robotic Solutions de la que es socio director León Manuel Bartlett recibió un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios.
Estalló el escándalo, pues el Gobierno Federal pagó un millón 550 mil pesos por cada ventilador para la asistencia de COVID, siendo uno de los gastos más fuertes de inicio de la pandemia.
Segalmex es, hasta ahora, el principal escándalo de corrupción más cuantioso del sexenio. El escándalo está en el monto, pero también en los personajes políticos involucrados, amigos de AMLO.
Al lado de Ignacio Ovalle Fernández figura como el principal operador del escandaloso lavado de dinero y peculado René Gavira Segreste, ex funcionario del Gobierno de Oaxaca de 1985 a 2000.
La Auditoría Superior dirigida por el oaxaqueño David Colmenares denunció ante la Fiscalía General de la República 2.577 millones de pesos más a los 20 mil millones saqueados en la paraestatal.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), llamó al fraude de Seguridad Alimentaria Mexicana “La Estafa Maestra de la 4T”, al documentar una red de empresas fantasma en Segalmex.
Es de condenar más que solo lamentar que al igual que el ex presidente Enrique Peña Nieto y Manuel Bartlett Díaz y familia, Ignacio Ovalle Fernández tenga garantizada la impunidad por el presidente.
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