Por Diego Martínez Sánchez
-En corto: Denuncian hostigamiento laboral en el Consejo de la Judicatura Federal
A unos días de que la Reforma Judicial propuesta por el aún Presidente Andrés Manuel López Obrador, muy probablemente sea aprobada por la Cámara de Diputados; la imagen del Poder Judicial continúa desmoronándose cada vez más.
Afectada incluso, por el actuar de las Fiscalías, instituciones que si bien son parte del andamiaje judicial del Estado, tienen responsabilidades y facultades muy diferentes a las que se realizan en los tribunales y no forman parte, como tal, del Poder Judicial. No obstante, su labor es fundamental en la impartición de justicia.
Pero eso poco o nada importa ante la vaga interpretación social sobre el sistema jurídico mexicano, y el cómo se puede afectar todo un proceso desde el actuar de las policías y Ministerios Públicos, hasta llegar a las sentencias dictadas por un Juez, ya sea local o federal. Siendo dichas resoluciones lo verdaderamente importante para la percepción social.
Muestra de ello, ha sido el rechazo a dos medidas impuestas por jueces a favor de políticos, en días recientes. Así como al actuar de la Fiscalía de la Ciudad de México, al “rescatar” a un probable criminal.
La primera sentencia que despertó la indignación pública fue de la Jueza Segundo de Distrito de Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño Suárez, quien ordenó la liberación del exgobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de torturar a la periodista Lydia Cacho y, de proteger una red de explotación sexual infantil.
Esto bajo el argumento de que se violaban sus derechos al llevar más de dos años en prisión preventiva, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) pudiera acreditar la necesidad de mantener encarcelado al exmandatario. Por lo que salió de la cárcel del Altiplano, para continuar su proceso desde la comodidad de su hogar en la entidad poblana, donde no cuenta con ninguna investigación en la Fiscalía local.
Otro caso se dio en Oaxaca, donde el juez local José Gabriel Ramírez Montaño, ordenó liberar a tres presuntos agresores de la saxofonista María Elena Ríos, quien fue atacada con ácido en un intento de feminicidio. Argumentando falta de pruebas por parte de la Fiscalía, la cual negó los dichos y adelantó que impugnaría la medida.
Entre los indiciados que serían puestos en libertad, figuraba el exdiputado del PRI, Juan Antonio Vera Carrizal, supuesto autor intelectual y muy cercano al exgobernador oaxaqueño Alejandro Murat, hoy senador electo por Morena.
Sin embargo, la decisión del juez generó una fuerte reacción de todos los sectores sociales y políticos. Ante ello, la titular del Poder Judicial del Estado, Berenice Ramírez Jiménez, ordenó la apertura de una investigación en contra de Ramírez Montaño por posibles actos de corrupción en el desempeño de sus funciones y conductas ilícitas.
Y permitió que la jueza María Antonia Esteva Domínguez anulara la salida de Vera Carrizal y de los otros dos señalados como presuntos responsables del delito de feminicidio en grado de tentativa.
Mientras tanto, en la Ciudad de México, el Fiscal Ulises Lara López se convirtió en héroe por una noche, al literalmente rescatar al exgobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, de ser detenido por agentes de la Fiscalía Anticorrupción de aquella entidad.
Haciendo gala de su cargo y empleando a decenas de elementos de seguridad pública, incluidas fuerzas especiales, Lara López respondió personalmente al llamado del equipo de Corral Jurado, cuando éste sería detenido y trasladado a su estado para enfrentar la justicia por un posible desfalco al erario.
Labor obstruida por la Fiscalía de la Ciudad de México y su titular, quien sin importarle cuántas leyes violara, cumplió la orden de proteger a Javier Corral, a quien trasladó “por su propia voluntad”, a un lugar seguro y lejos del alcance de la Ley.
Es evidente que el sistema judicial requiere de una profunda reestructuración, pero la Reforma presidencial no responde a las verdadera necesidad de un sistema judicial imparcial, pronto y expedito. Sino a la venganza y control político de quienes hoy ostentan el poder, emulando lo que algún día juraron detener.
Porque si en verdad buscaran una transformación judicial de fondo, entenderían que la responsabilidad es compartida. Pero ante la situación actual, lo más seguro es que se imponga la voluntad del próximo exinquilino de Palacio Nacional. Cuyas consecuencias terminaremos por pagar todos, incluida la futura primera Presidenta del país.
En corto: Denuncian hostigamiento laboral en el Consejo de la Judicatura Federal
Como si la crisis en el Poder Judicial y el posible paro laboral no fueran suficientes, trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) han denunciado el reiterado acoso y la constante violación a sus derechos, por parte del coordinador de la Dirección de Normatividad y Pagos, Sergio Ivan Reyna de la Madrid, quien modifica sus horarios a voluntad e incluso despide a personal frente a sus compañeros de trabajo, sin justificación alguna. Ejerciendo violencia de género en contra de varias empleadas del Poder Judicial.
Todo ello con la supuesta protección de su amigo y socio, Fernando Garcidueñas Torres, Director de Recursos Materiales del CJF, señalado por su posible participación en la manipulación de procesos de licitación.
Dichos señalamientos en contra de Sergio Ivan Reyna de la Madrid, se suman a un largo historial de violaciones a los derechos laborales de los trabajadores, desde su paso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como en la Auditoría Superior de la Federación, donde se refugiaron muchos exfuncionarios para brindar protección a gobiernos emanados del PRI y, ocultar los cuantiosos desvíos de recurso públicos y el daño al erario que han dejado sus administraciones.
Por sus excesos en contra de los trabajadores, ha enfrentado diversas demandas por despido injustificado, las cuales podrían aumentar en los próximos días, a menos que los Consejeros intervengan en defensa de sus colaboradores y detengan los actos de abuso e intimidación en su contra.
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