CENTRO OAXACA/REDACCIÓN
El Gobierno de Oaxaca ha guardado silencio cómplice ante el estado de sitio y de terror que vive la comunidad de Guerrero Grande por parte de un grupo armado que respalda ala autoridad municipal de San Esteban Atatlahuca, en la región Mixteca.
El secretario de gobierno, Jesús Romero López, ha ocultado la demanda de Guerrero Grande, por lo que la agencia municipal solicitó la intervención del gobierno federal, ya que las víctimas se encuentran bajo medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una carta, firmada por Sebastiana Paz Bautista, representante de las personas desplazadas
y de los beneficiarios de las medidas autelares, explican que ayer a las 12.30 horas, un grupo de aproximadamente 100 personas, encabezadas por el presidente municipal de San Esteban Atatlahuca José Ángel García Sandoval, la síndico municipal Valentina Sandoval Quiroz, así como el Comisariado de Bienes Comunales, Noé Bautista Barrios, llegaron a bordo de aproximadamente 10 camionetas con vidrios polarizados a la comunidad de Guerrero Grande sin previo aviso, de manera autoritaria y con personas armadas dispersas que rodearon la comunidad.
Esto provocó un clima de zozobra y miedo a las personas beneficiarias de medidas cautelares en este pueblo, afirma la misiva, también suscrita por Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos
y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C.
Las autoridades municipales agresoras hicieron uso de armas de fuego para aterrizar a los pobladores, ya que cuentan con el apoyo de Gobierno del Estado de Oaxaca y de la Secretaria de Gobierno, señalaron.
Las acciones bélicas continuaron hasta las 15.45 horas, casi una hora y media después del allanamiento a Guerreros Grande, cuando las autoridades de Atatlahuca y su grupo armado se retiraron de la comunidad, no sin antes amenazar e intimar a los habitantes.
Después del retiro de los agresores, se siguieron escuchando detonaciones de arma de fuego alrededor de la comunidad de Guerrero Grande y se observaron personas armadas, por lo cual existe una situación de riesgo grave, de daños irreparables de perdida de la vida, así como de daños a la integridad física en perjuicio de beneficiarios de medidas cautelares encontrándose, mujeres, niños, adultos mayores y mujeres embarazadas vulnerables a un ataque armado.
Cabe resaltar que autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca cuentan con el apoyo de la organización Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).
Por otra parte, cabe referir que en fechas 21, 22 y 23 de octubre de 2021, un grupo armado encabezado por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca quemaron más de cien casas en las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, lo cual consta en la Carpeta de Investigación 35033/FMIX/TLAXIACO/2021.
En consecuencia, a los ataques armados anteriores, el día 23 de diciembre del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares MC-1050-21 Familias de las comunidades indígenas mixtecas de Guerrero Grande y de Ndoyonoyuji y otros, para proteger los derechos a la vida e integridad física de las familias indígenas de las comunidades antes mencionadas.
Con fecha 26 de agosto de 2024, los beneficiarios de las medidas cautelares MC-1050-21, tuvieron una reunión virtual con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que estuvo presente el Estado Mexicano por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la misión permanente de México ante la OEA, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Oaxaca por medio de la Comisión para la Atención de los Derechos Humanos del Estado y otras autoridades en la cual el Estado Mexicano se comprometió a dar cumplimiento con las medidas cautelares.
Así mismo, el día 31 de diciembre del 2021, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acción urgente AU núms. 1456/2021 a 1460/2021 solicitando al Estado Mexicano la búsqueda inmediata de los señores Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios y de la señora Irma Galindo Barrios e investigación de su alegada desaparición forzada.
Cabe referir que las personas desplazadas de estos ataques armados, son víctimas de violaciones a sus derechos humanos de manera sistemática, pues el estado Mexicano a través de representantes de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Oaxaca, han intervenido de manera parcial en el seguimiento a la Medida Cautelar MC- 1050-21, pues ha otorgado viviendas al grupo de personas de Guerrero Grande que fueron los responsables de quemar las casas a sus vecinos de la misma comunidad, hasta el momento no existe ninguna persona detenida de los homicidios, desapariciones y quemas de casas y que en el mes de julio del 2022 la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la causa penal 066/2022 emitió orden de aprehensión contra Carlos Reaño Sandoval y Rogelio Bautista Barrios pero fueron liberados por un Juez de Control al referir infundadamente que la detención había sido ilegal.
De esta manera, acusan los representantes de la comunidad agredida, el Estado Mexicano es responsable de tener a las 25 familias desplazadas en el alberge provisional en el instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en condiciones precarias, sin apoyo alimentario, sin atención médica y cuestionando su reconocimiento como desplazados, por lo que beneficiarios de Medidas Cautelares exigieron el cumplimiento de la Medida Cautelar MC-1050-21 y la Acción Urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU AU núm. 1456/2021 a 1460/2021, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es obligatorio para el Estado Mexicano de cumplir dichas acciones urgentes.
Asinismo demandan se realicen acciones urgentes tendientes a garantizar la vida e integridad de los beneficiarios de la comunidad de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca.
