Redacción Centro
Una red de corrupción y favoritismo ha salido a la luz en Oaxaca, donde un grupo empresarial de Ciudad de México ha logrado esquivar la ley con total impunidad, llevándose consigo más de un millón de pesos del erario público. La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Desarrollo Sustentable (SEMAEDESO) ha permitido, de manera descarada, que un conjunto de empresas con domicilios fantasmas operen sin cumplir los requisitos básicos, perjudicando tanto a los ciudadanos como al medio ambiente.
En el centro de este escándalo millonario está la empresa Grupo Sustentable Ecológico Oaxaca S.A. de C.V., que no solo ha sido favorecida dos veces consecutivas para operar el centro de verificación CVV-01 en Santa Lucía del Camino, sino que también ha incumplido con los pagos de autorización en ambas ocasiones. Según la normativa de las convocatorias del 2020 y 2021, la empresa debía realizar los pagos correspondientes para operar con fecha límite el 20 de Febrero del 2020, pero nunca lo hizo, a pesar de que las autoridades ambientales le otorgaran periodos de gracia y prórrogas de manera repetida.
A pesar de esto, y en un acto que podría catalogarse como fraude, la SEMAEDESO otorgó dos prórrogas indebidas a la empresa, la última de ellas publicada el 31 de enero de 2022, cuando los plazos ya habían vencido. En lugar de revocar la autorización como lo estipulan las bases de participación, las autoridades permitieron que la empresa presentara un comprobante de pago de la convocatoria del 2020 como si fuera válido para el proceso de 2021. ¡Un descaro total!
¿Y qué hicieron las autoridades? Nada. En lugar de sancionar a esta empresa por su evidente incumplimiento, le entregaron hologramas de verificación y le permitieron operar como si todo estuviera en regla. Este mismo patrón de favoritismo y corrupción se repitió en 14 autorizaciones más, todas otorgadas a empresas del mismo grupo: Control Ambiental La Guelaguetza S.A. de C.V., Control y Verificación Ambiental de Tehuantepec S.A. de C.V., Calidad del Aire Ambiental de Oaxaca S.A. de C.V., Grupo Verificador del Istmo S.A. de C.V., Verificación Medioambiental Juchitán S.A. de C.V., y Compromiso Ambiental de Oaxaca S.A. de C.V.
Todas estas empresas han estado operando sin cumplir con los requisitos legales y siguen expidiendo comprobantes de verificación vehicular sin validez jurídica, mismas empresas que de manera pública se han dado a conocer por emitir simples notas de remisión sin requisitos fiscales. ¡Un verdadero robo a los oaxaqueños!
Favores y complicidad: ¿Quién está detrás de este fraude?
Las pruebas son claras: los pagos no se realizaron en tiempo y forma, los periodos de gracia y las prórrogas fueron otorgadas sin ninguna justificación legal. Las autoridades, lejos de revocar las autorizaciones, han sido cómplices de este esquema de corrupción. ¿Qué intereses oscuros están protegiendo? ¿Qué reconocido restaurantero se está beneficiando de este evidente desfalco al erario público?
Los ciudadanos de Oaxaca, las verdaderas víctimas
Mientras este grupo empresarial se enriquece, los ciudadanos son los más afectados. Propietarios de vehículos que creían estar cumpliendo con la normativa ambiental han sido engañados, recibiendo comprobantes sin validez, expuestos a sanciones y multas por parte de las autoridades federales.
Este tipo de acciones confabuladas demerita al programa verificación vehicular en Oaxaca, mismo que es clave para combatir la contaminación. Las cifras son alarmantes: más de un millón de pesos desviados.
Oaxaca exige justicia
Este medio exige respuestas. Las autoridades responsables deben rendir cuentas y actuar de inmediato para suspender las operaciones y revocar las autorizaciones ilegales, sancionar a las empresas fraudulentas y garantizar que los ciudadanos no sean víctimas de este esquema de corrupción. Oaxaca merece transparencia.
