CENTRO OAXACA/ REDACCIÓN
Empresas fantasma, formadas en un abrir y cerrar de ojos, con prestanombres que no tienen ni idea de lo que firmaron, se apoderaron de las concesiones para operar los centros de verificación vehicular en el estado. Y todo esto orquestado desde las entrañas de la corrupción, donde los tentáculos de poder de personajes oscuros y poderosos manipulan a su antojo.
En tan solo un día, se constituyeron múltiples empresas en el Estado de México, utilizando el mismo corredor público, como si fuera una fábrica de negocios fraudulentos. Estas empresas, con actas constitutivas consecutivas, ni siquiera se tomaron la molestia de cambiar la fórmula: 499 acciones para un “socio” que ni sabe lo que firmó, y 1 miserable acción para otro cómplice, todo para cumplir con la legalidad de un concurso que estaba viciado desde el inicio.
Por ejemplo, Calidad del Aire Ambiental de Oaxaca S.A. de C.V., creada el 24 de agosto de 2020 con el corredor público número 69 de la Ciudad de México, cuyo flamante socio mayoritario es Armando García Gopar, quien, según fuentes cercanas, ni siquiera sabía qué estaba firmando. Y con él, otro nombre que aparece una y otra vez: Miguel Ángel Martínez Guzmán, un simple trabajador que le asignaron 1 acción para cumplir con el “protocolo”.
Pero eso no es todo. Otras empresas se crearon el mismo día, con el mismo fedatario, y con el mismo esquema fraudulento. Ahí está Compromiso Ambiental de Oaxaca S.A. de C.V., cuyo socio principal es Francisco Gómez Fontanel, acompañado por la “Lady Smog”, Alejandra Medrano Gutiérrez, dueña de una única acción, como si con eso pensaran engañar a todos
Control y Verificación Ambiental de Tehuantepec también se formó el mismo día, encabezada por Gabino José García Gopar, pero con un dueño real en las sombras: dedicado a la industria restaurantera, el gran titiritero detrás de este entramado de corrupción. Y lo peor ha utilizado a estos prestanombres para desviar millones y apoderarse de todo el sistema de verificación vehicular en Oaxaca.
Este “empresario”, también utilizó a los prestanombres de Mario Eduardo González Montes de Oca y José Manuel González Segura, ellos también fueron parte de este circo montado para apoderarse de las concesiones de verificentros. Con 499 y 1 acción respectivamente, siguieron la misma receta de fraude que ya hemos visto repetida hasta el cansancio.
Y si pensabas que aquí acababa el escándalo, estás equivocado. Hay más: Fausto Solís Rodríguez, un personaje siniestro conocido por defraudar centros de verificación en varios estados, también está involucrado. Solís no solo es socio de varias de estas empresas fantasmas, sino que también está denuncado en la Ciudad de México por incumplimiento de contratos a través de otra empresa que representa, Gestión Autómata y Servicios S.A. de C.V. cuyos socios David Enciso López y Laura Ofelia Arauzo Elizondo, el primero tiene 70 acciones y la segunda posee 30 acciones ; esto se puede comprobar con el instrumento notarial número 100687, que tiene en su protocolo el Notario numero 109017064, y es el Lic. Luis Gonzalo Zermeño Maeda. La empresa y sus socios están demandados por el Sr. Alfonso Valdez Velasco, esto es en materia civil, en el expediente 913/2021, radicado en el juzgado 27, de la Ciudad de México; y esta demanda tiene su origen por incumplimiento contractual iniciándose su proceso el día 14 de diciembre del 2021. Este tipo ha sido un destructor profesional de los verificentros, y lo sigue haciendo con total impunidad.
Pero lo más indignante es cómo las autoridades han sido cómplices de este montaje fraudulento. El 4 de diciembre de 2020, se otorgaron los fallos de las concesiones a todas estas empresas fantasma por parte de las autoridades ambientales, sin embargo los Centros de Verificación NUNCA fueron instalados. Pero estas mismas empresas después de que la autoridad les diera periodos de gracia y prórrogas no fueron revocadas sino por el contrario, les hicieron una nueva convocatoria a modo en cuanto a instalaciones y equipamiento como se puede apreciar el convocatoria SEMAEDESO/SCCRNB/DCCDS/DCAVV/01/2021
Este escándalo debe acabar, y los responsables, tanto las empresas fantasma como los funcionarios que permitieron este fraude monumental, deben ser investigados.
