Ciudad de Oaxaca a 21 de noviembre del 2024
El 5 de noviembre del presente año, como familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, fuimos notificadas Margarita Cruz Sánchez y Nadin Reyes Maldonado, víctimas indirectas, para asistir a un interrogatorio por parte de la defensa de los 6 detenidos que actualmente se encuentran en prisión, bajo la advertencia de que si no se asistía seríamos acreedoras a una multa.
Por ello, el día de hoy, nos damos cita en este Juzgado Tercero de Distrito para ser interrogadas por la defensa de los acusados. Sin embargo, queremos señalar que, como víctimas indirectas de la desaparición forzada de nuestros familiares, este citatorio es un acto de revictimización e intimidación hacia nuestra persona, dado que nosotras somos las principales afectadas en esta grave violación a los derechos humanos cometida en contra de nuestros seres queridos que, desde hace 17 años 6 meses, se encuentran en esta condición y no somos las responsables ni tenemos porque ser interrogadas, ni investigadas, sometidas a estos actos de intimidación, ya que quienes tienen que ser investigados y sancionados por sus actos son los hoy imputados y los demás funcionarios que a más de 17 años siguen sin ser llamados a comparecer.
A los familiares de las víctimas no sólo se les deja la carga de la prueba en estos crímenes de Estado, sino también se les deja toda la responsabilidad de realizar las búsquedas en campo con todo lo que esto implica dada la nula voluntad política del estado para hacer su trabajo, que es su obligación y responsabilidad. Y encima de todo esto, ahora resulta que los familiares también tenemos que ser sometidos a procesos de revictimización al ser citados por los detenidos como si los familiares fuésemos responsables del hecho, situación que es por demás insultante y pone en evidencia que las autoridades no buscan investigar a los responsables sino dotarles de impunidad como lo ha hecho por más de 5 años con Evencio Nicolás Martínez y Pedro Hernández Hernández, prófugos de la justicia y que no han sido buscados ni investigados.
Hoy como muestra de que los familiares no somos los que tenemos nada qué ocultar estamos aquí cumpliendo con el citatorio, pero no queremos dejar de denunciar que este hecho busca sobre todo intimidarnos como familiares ya que el ser interrogadas no cambia ni abona en nada en el proceso para investigar a los responsables, que son quienes tienen que aportar información sobre lo sucedido, sino al contrario busca intimidarnos y revictimizarnos a más de 17 años de haber sucedido los hechos.
De esta forma, exigimos que de la misma manera en como los familiares somos obligados a asistir a este citatorio, se obligue a los responsables que aún no han sido llamados a declarar a que sean citados e investigados por su participación en los hechos. Los hoy imputados no son los únicos responsables de la detención desaparición de nuestros familiares, existe una larga lista de personas que aún tienen que ser investigados y exigimos que los citen.
Como familiares no debemos permitir actos como este, en el que se nos someta a un proceso de revictimización por crímenes cometidos por el Estado, nosotros somos las víctimas, no los responsables ni quienes tenemos que ser investigados ni interrogados.
Por ello exigimos se cite a todos los responsables (cerca de 11 funcionarios) que aún no hay sido llamados a declarar y se busque a los hoy prófugos de la justicia. Este gobierno sigue siendo cómplice de los hechos al no investigar y castigar a los responsables, a los facilitadores y a los beneficiarios de este crimen de Estado.
Al gobierno estatal exigimos un alto a la violencia y la criminalización en contra de las personas defensoras de derechos humanos, el juicio y castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales en contra de integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui; Adriana y Virginia Ortiz García, el profesor Rigoberto Martínez Sandoval, la presentación con vida de las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, de la defensora Sandra Domínguez Martínez y su esposo Alexander Hernández, así como de Claudia Uruchurtu Cruz. Casos graves de violaciones a derechos humanos que a pesar de haber sido cometidos en este periodo de gobierno no han sido atendidos por el actual gobernador Salomón Jara.
Por todos ellos exigimos el juicio y castigo a los responsables.
No a más encubrimiento ni impunidad.
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!
¡Vivos se los llevaron, Vivos los queremos!
¡Ni perdón ni olvido, juicio y Castigo a los culpables!
Atentamente
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”
Comité Cerezo México
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
