Aprueba Congreso de Oaxaca reforma al Poder Judicial del Estado*
* Fue formulada con visión plural, perspectiva intercultural y ponderando el acceso a la justicia pronta y expedita
* La reestructuración de este órgano reducirá el gasto público
* Con esta reforma a la Carta Manga se respetan los derechos laborales de las y los trabajadores
* Se desintegrará el Consejo de la Judicatura para garantizar mayor transparencia en los procesos de selección
*San Raymundo Jalpan, Oax., a 12 de marzo de 2024.-* La Sexagésima Sexta Legislatura Local aprobó con 30 votos a favor y dos en contra el Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en materia del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, propuesta por el Gobernador Salomón Jara Cruz.
Esta reforma al Poder Judicial de la entidad tiene por objeto, adecuar la Constitución local para realizar la renovación de los cargos de elección del poder judicial local, quienes serán electos por el pueblo de Oaxaca a través del voto popular.
De igual manera se reduce de 28 a 16 magistraturas, la renovación de la totalidad de los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Oaxaca, juezas y jueces de primera instancia y de los juzgados en materia laboral del Poder Judicial, se realizará en el año 2027.
Además, se creará el Tribunal de Disciplina Judicial, que se integrará por tres magistradas o magistrados, que durarán seis años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y podrán ser electos para un nuevo período.
Y un Órgano de Administración Judicial, el cual se integrará por tres personas que durarán en su encargo seis años improrrogables, de las cuales, una persona será designada por el Gobernador; otra por el Congreso del Estado; y una por el Poder Judicial.
Con la creación de estas dos instituciones se desintegrará el Consejo de la Judicatura para garantizar mayor transparencia en los procesos de selección y evaluar mejor a los integrantes del Poder judicial.
En el caso de las elecciones de magistraturas del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina serán estatales y para las elecciones de juezas y jueces de primera instancia, se realizarán por distrito judicial.
Ahora bien, las magistradas y magistrados del TSJ, los jueces de primera instancia y en materia laboral durarán en su cargo nueve años. En el caso de las y los magistrados no podrán ser reelectos. Por su parte, juezas y jueces podrán ser reelectos en una ocasión de forma consecutiva.
Y en el caso de quienes integren el Tribunal de Disciplina durarán seis años en su encargo, serán sustituidos de manera escalonada y podrán ser electos para un nuevo período.
En lo que respecta a la forma de selección de cargos en el Poder Judicial, esta se realizará con procesos públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y paritarios.
Es de destacar de esta reforma, que la remuneración que perciban por sus servicios las magistradas y los magistrados, las juezas y los jueces, y demás personal del Poder Judicial, no podrá ser mayor al establecido para la Gobernadora o Gobernador del Estado. Así mismo, el cargo de las magistraturas no generará derecho a jubilación y, además, con esta modificación se respetarán los derechos laborales de las y los trabajadores.
_*Debate en torno a la aprobación del Proyecto de Decreto*_
En este sentido, la diputada presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, Tania Caballero Navarro, destacó la importancia histórica que representa esta reforma que responde a las necesidades de la ciudadanía y fortalece los principios que guían la vida pública: No mentir, no robar y no traicionar. Además de ser un compromiso cumplido con las y los oaxaqueños que han demandado un cambio real en este Sistema, que por mucho tiempo estuvo al servicio de intereses particulares.
“Hoy saldamos la deuda histórica para las mujeres que buscan justicia por violencia, para los campesinos que defienden su tierra, para las comunidades indígenas que luchan por la protección de sus derechos y todas aquellas personas a quienes se les fue negada la justicia por no tener dinero suficiente para comprarla, a las niñas y niños a quienes les fue arrebatado su futuro”, sentenció.
Durante la discusión, la congresista del partido Movimiento Ciudadano, Dulce Alejandra García Morlan, presentó una Moción Suspensiva, la cual no fue avalada por el Parlamento, en el sentido de que el dictamen en cuestión se quitara del orden del día, toda vez que no se le compartió en tiempo y forma el documento para su análisis y con ello emitir un voto razonado y fundamentado.
Al respecto, la legisladora Concepción Rueda Gómez, del partido Morena, resaltó que este documento está basado en una perspectiva intercultural, con una visión plural y que integró los aportes de personas académicas, comunidades indígenas y afromexicanas y es parte de los cambios que se impulsan desde el ámbito nacional para tener un sistema judicial democrático, austero y eficaz.
Asimismo, el Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo (PT), presentó una reserva que no fue aprobada por mayoría absoluta, respecto al artículo 110 Ter por la desaparición de la Sala de Justicia Indígena.
“Creemos que una reforma integral al Poder Judicial es esencial para combatir la corrupción, fortalecer el estado de derecho y proteger los derechos humanos del pueblo oaxaqueño, en miras de acabar con el influyentismo, la corrupción, las componendas para beneficiar a personas y perjudicar a otras”, sostuvo la congresista Irma Pineda Santiago.
Durante su participación la representante popular del Grupo Plural, Lizbeth Anaid Concha Ojeda, dijo que esta reforma obedece a la exigencia de contar con un sistema de impartición de justicia más democrático, cercano a la gente, vigilable y entendible, que permita conocer los razonamientos jurídicos que dan origen a las sentencias para evitar la discrecionalidad, opacidad y corrupción.
Asimismo, la diputada Elvia Gabriela Pérez López del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se declaró a favor de la iniciativa, la cual es una demanda del pueblo que requiere justicia, certeza y seguridad jurídica en los procesos judiciales, así como la imparcialidad de las y los juzgadores, obedeciendo a los nuevos retos que enfrentan las infancias, juventudes, mujeres y el pueblo de Oaxaca.
En su turno, el congresista Isaac López López, del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que con esta reforma se restructurará el Poder Judicial para derrumbar el conservadurismo de la derecha. También aseguró que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas están asegurados en esta propuesta, pues las y los juzgadores que surjan de la elección de 2027 deberán tener conocimientos con perspectiva intercultural, pluricultural y ser conocedores del Sistema Normativo Indígena de Oaxaca.
No obstante, el diputado Javier Casique Zárate, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), externó que su voto sería en contra, de la misma forma que ocurrió en el Senado de la República y la Cámara de Diputados Federal, y comentó que la impartición de justicia es uno de los actos de mayor soberanía que tiene nuestro estado y nuestros pueblos.
En tanto, la legisladora Analy Peral Vivar, de Morena, argumentó que, aunque considera que la propuesta ayudará a combatir la corrupción y el nepotismo que ha lacerado al Poder Judicial, carece de elementos que puedan garantizar la representación de los pueblos originarios. “Es una oportunidad histórica para incorporar elementos importantes que puedan fortalecer la reforma, tomando en cuenta la pluriculturalidad del estado”, expresó.
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