* Responsabiliza al MULTI del acto de intimidación.
La defensora de derechos humanos Emelia Ortiz García, integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y secretaria de la Casa Cultural de la Nación Triqui, denunció un nuevo acto de intimidación en su contra, luego de que su domicilio fuera allanado y saqueado el pasado martes 22 de abril por la noche.
De acuerdo con el testimonio de la activista, al regresar de la comunidad de El Rastrojo, descubrió que personas desconocidas habían ingresado de forma violenta a su vivienda, sustrayendo documentos personales, archivos de denuncias sobre compañeros asesinados y desaparecidos, así como otras pertenencias.
Ortiz García advirtió que este no es el primer ataque que sufre. En dos ocasiones anteriores, individuos desconocidos han irrumpido en un inmueble donde guarda parte de sus pertenencias, forzando cerraduras y rompiendo cristales. Los objetos robados incluyen información sensible relacionada con su labor como defensora del pueblo Triqui.
Emelia ha sido blanco de hostigamiento desde que exigió justicia por el feminicidio de sus hermanas, Virginia y Adriana Ortiz García, ocurrido el 5 de noviembre de 2024, y por la desaparición de sus primas, Virginia y Daniela, desaparecidas en la región Mixteca desde el 5 de julio de 2008.
A pesar de contar con medidas cautelares, la defensora señala como presuntos responsables a integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI), organización surgida en 2006 tras una escisión del MULT.
Con más de 25 años de trayectoria, Emelia Ortiz ha sido una figura clave en la defensa de los derechos culturales del pueblo Triqui, particularmente en el rescate de su indumentaria tradicional.
Ante estos hechos, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y la IM-Defensoras además de Consorcio Oaxaca hicieron un llamado urgente a las autoridades para garantizar su protección, investigar los actos de intimidación y poner fin a la impunidad con la que operan sus agresores.
También, exigieron al Estado mexicano asumir su responsabilidad en todos los niveles de gobierno y evitar cualquier nuevo atentado contra la integridad de la defensora.
