A dos semanas de concluir su mandato inicial, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para el caso Ayotzinapa, detectó una pérdida de pruebas en el caso.
Al presentar su quinto informe de labores, los cinco expertos que conforman el grupo dieron a conocer que con base en testimonios, en su momento existió una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en el escenario de la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia.
Según declaraciones proporcionadas al grupo, dicho video existió y fue enviado a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; sin embargo, parece que tales registros fueron destruidos.
La guatemalteca Claudia Paz, experta en derecho penal, explicó que como parte de los recorridos que el GIEI hizo en Iguala, Guerrero —donde ocurrió el incidente— fueron examinados los lugares en los que habría cámaras de video; uno de ellos era el Palacio de Justicia.
Los expertos independientes de la CIDH preguntaron a la Procuraduría General de la República (PGR) si existía registro videográfico de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Además, entrevistaron a personal del Palacio de Justicia, quienes confirmaron la existencia de este material gráfico. Cuando la procuraduría solicitó información de este video, la respuesta fue que no se contaba con el registro del mismo.
A su vez, el GIEI encontró en el expediente del caso, que el 27 de septiembre del 2014 se llevó a cabo una diligencia de recogida y resguardo de ropa de algunos de los normalistas desaparecidos, sin que este hecho haya sido reportado a los familiares ni a sus representantes.
Para el GIEI este hecho es “grave”, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la importancia que tiene para los familiares.
Al respecto, el médico y psicólogo español Carlos Beristain precisó que la ropa y otros elementos encontrados (como una cartera) se encontraron en dos de los autobuses que los normalistas tomaron el 26 de septiembre para hacer una colecta monetaria y poder acudir a la marcha de conmemoración del 2 de octubre.
Uno de los autobuses que contenían objetos, el Estrella de Oro, con número 1531, fue el hallado en el Palacio de Justicia y el otro, también Estrella de Oro, con numeral 1568, quedó en la Escuela Juan N. Álvarez, en Guerrero.
En total fueron localizados 19 artículos que pertenecieron a los normalistas desaparecidos; la mayor parte de éstos corresponde a ropa, la cual no mostraba signos visibles de sangre.
Tanto la PGR como el Equipo Argentino de Antropología Forense examinaron estos artículos para procesarlos, fotografiarlos, tomar las muestras genéticas correspondientes y resguardarlos. Las muestras genéticas serán enviadas al laboratorio Innsbruck para analizarlas. El 16 de agosto fue llevada a cabo una diligencia de identificación de los objetos con los padres de familia.
El 3 de agosto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores respondieron a la solicitud del GIEI sobre entrevistar a los 26 militares que formaban parte del Batallón 27 en la fecha del incidente: “Que el grupo formule por escrito las posiciones que consideren formen parte de la diligencia ministerial (…) Derivado de las características de esta diligencia, en ella sólo estará presente la autoridad ministerial y quienes deban desahogar las posiciones que sean formuladas”. Ello debido a que el gobierno nacional argumentó que las entrevistas directas que pedían podrían poner en riesgo la legalidad de la investigación.
El GIEI pidió un peritaje que examinara las autopsias realizadas a los normalistas asesinados Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís y Julio César Ramírez, ya que el estudio realizado por el médico forense Francisco Etxeberría, de la Universidad del País Vasco, muestra que la autopsia de Julio César —quien mostraba signos de tortura— no estuvo completa.
El informe final del mandato inicial del GIEI será presentado el 6 de septiembre; sin embargo, los expertos solicitaron que su misión sea extendida por seis meses más, disposición que se prevé sea respondida en esta semana.
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