Organizaciones de derechos humanos criticaron las “terribles fallas, fisuras y omisiones” que presenta la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las cuales quedaron evidenciadas en el reciente informe presentado por el Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y que cuestionan la llamada “verdad histórica” presentada por el gobierno federal.
Aunque las organizaciones señalaron que estas revelaciones del grupo de expertos eran “previsibles” dado el “desaseo” y el “proceso caótico” en que desde el inicio se vienen realizando las investigaciones, no deja de ser frustrante esta realidad.
En entrevistas por separado, el secretario ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz, y el abogado y sudirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, apoyaron también, de manera decidida, la solicitud de ampliar el mandato del grupo de expertos, y coincidieron en que fue un “acierto” haber pedido su llegada a México para asesorar y supervisar técnicamente las investigaciones del caso.
Incluso, Santiago Aguirre expresó la conveniencia de que el modelo de este grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sea replicado para otros casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el país.
Ambos directivos se refirieron al quinto informe del GIEI, en donde se da cuenta de la pérdida o incluso destrucción de videos sobre la operación policial contra los normalistas, la no incorporación de ropa hallada de los jóvenes a la investigación de las autoridades ministeriales, y la persistente negativa del gobierno mexicano para entrevistar de manera directa a los militares que estuvieron en Iguala el 26 y 27 de septiembre, cuando desaparecieron los estudiantes, bajo el argumento de que “se pondrían en riesgo la legalidad de la investigación”.
Santiago Aguirre, del Centro Pro, señaló que esta negativa del gobierno federal para entrevistar a los militares “no tiene asidero legal”, debido a que en casos de otros testigos y personas que intervinieron en los hechos no se esgrimió ese argumento para imposibilitar las entrevistas directas con el GIEI.
Esto, agregó, demuestra una concepción equivocada que tiene el gobierno mexicanos de cómo cuidar a las instituciones, pues en lugar con un entorno que no fuera autoritario, las instituciones se les cuida exponiéndolas a la rendición de cuentas, no protegiéndolas.
Desde su perspectiva, con esta decisión, “lo único que ha logrado el gobierno federal es que va a mantener a perpetuidad la sospecha sobre lo que hizo o no hizo el Ejercito antes, durante y después de los hechos, al no permitir que la comisiones de expertos los entrevisten”.
Por el otro lado, dijo que los videos que de manera irreparable se perdieron, y las evidencias de ropa que no fueron mostradas en estos 11 meses a los familiares de los normalistas, demuestran que la investigación tiene desde el principio varias falencias y omisiones que desde luego impiden o debieron haber impedido, en su momento, que la PGR hablara sobre una verdad histórica.
El abogado Aguirre dijo que si la investigación de Ayoztinapa, uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en el país, está mostrando tantas fisuras, falencias y omisiones, “qué podemos esperar de las más de 23 mil investigaciones por desapariciones que debe haber en el país”.
Sobre la solicitud de ampliar el mandato del grupo de expertos, advirtió que si el gobierno no aceptara dicha petición, se estaría mandando un mensaje muy preocupante de falta de compromiso con el esclarecimiento de los hechos, que en vista de lo que hoy revelan los expertos, podría presumirse que también se debe a impedir que se sigan evidenciando estas fallas y omisiones que tiene la investigación.
En tanto, Perseo Quiroz, de Amnistía Internacional, recodó que diversas organizaciones venían denunciando desde el principio que las investigaciones del caso se llevaban de manera “caótica” y que no era un proceso plenamente exhaustivo, dado que se basaban esencialmente en declaraciones de los detenidos. “El informe del grupo de expertos viene a corroborar esta tesis”, dijo.
Además, señaló que este reporte demuestra que hay otros elementos que desde el principio estuvieron presentes en el caso, pero que no fueron tomados en cuenta, por lo que queda claro que no ha habido una debida diligencia en las investigaciones.
“Resulta frustrante ver esto, aunque era previsible. Por ello, fue acertada la idea de que viniera a México este grupo interdisciplinario; la idea era que hubiera una opinión experta e independiente de las investigaciones”, subrayó.
