El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseguró que el país no tiene la posibilidad de dimensionar el verdadero problema de las desapariciones forzadas, pues se carecen de bases de datos confiables y actualizados para determinar con certeza el número de casos que serían imputables a las autoridades del Estado y distinguirlos de aquellos que son responsabilidad de particulares.
Al participar en la ceremonia conmemorativa del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en el marco del foro: “Hacia una búsqueda efectiva y una investigación científica para todas las personas desaparecidas”, el ombudsman nacional se pronunció porque en la ley general contra la desapariciones forzadas que se prepara en el Senado se escuche a los familiares de las víctimas, atendiendo sus necesidades y opiniones, así como a las de organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas en la materia.
En el acto, en el Museo de la Tolerancia, y que continuará hasta el próximo 30 de agosto, aseguró que no basta la identificación y sanción de los responsables de este delito, sino se requiere conocer la verdad y el paradero de las personas desaparecidas.
Es decir, dijo, está ley debe incluir en su articulado la obligación de continuar con la búsqueda de las víctimas, aun cuando se haya determinado la responsabilidad en un caso, además de la tipificación del delito por particulares y la declaración de ausencia por desaparición.
