Los 500 nuevos diputados federales en ejercicio del cargo durante los próximos tres años tienen frente a sí la responsabilidad de concretar 21 reformas constitucionales, heredadas de legislaturas anteriores y que por el hecho de seguir pendientes implican violaciones flagrantes a la Constitución por parte del Congreso de la Unión, y de tres más en las que está corriendo actualmente el plazo fatal para su aprobación.
Pero a casi un mes de que inició la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, que concluirá el 31 de agosto del 2018, el trabajo legislativo en San Lázaro está frenado.
Y es que desde el pasado 1 de septiembre y hasta la fecha, la Junta de Coordinación Política (JCP), máximo órgano de decisión interna conformado por los coordinadores parlamentarios de las ocho fuerzas políticas representadas en su seno, no ha logrado acordar la integración de las 56 comisiones ordinarias de trabajo que se encargan de procesar toda reforma legal.
La nueva ley reglamentaria en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, cuyo plazo legal para ser aprobada venció el pasado 25 de agosto, y las reformas secundarias en materia de transparencia y rendición de cuentas que deberán concretarse a más tardar en mayo próximo, destacan entre los cambios legales pendientes cuya responsabilidad de no ser aprobada aún es atribuible, con mayor claridad, a los nuevos legisladores.
Es el caso de la expedición de ley referida, así como del programa de reorganización administrativa de la Cámara de Diputados al que obliga la Ley General de Transparencia y que debió aprobarse desde el pasado 30 de agosto, puesto que se trata de las más recientes violaciones a la Constitución desde finales de agosto pasado y la Legislatura actual inició hace justamente 28 días.
El Violómetro Constitucional, instrumento digital del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que mide, en tiempo real, las violaciones en que incurre el Poder Legislativo al no cumplir con sus obligaciones legislativas dentro de los plazos fijados por los propios legisladores, establece, sin embargo, que los nuevos diputados federales son responsables de todas las violaciones constitucionales que les fueron heredadas, no sólo de las que están en curso de cumplimiento.
La citada Ley General de Transparencia obliga además a los diputados federales a expedir —lo que no han hecho desde el 31 de agosto— las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios.
