El gobierno de México destinará cerca de dos millones de dólares a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para financiar los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investiga el caso Ayotzinapa.
En entrevistas, Emilio Rabasa Gamboa, representante de México ante la OEA, y Ángela María Buitrago, una de los cinco integrantes del GIEI, explicaron que en enero pasado el gobierno federal destinó un millón de dólares por el primer periodo de trabajo de los expertos, que concluyó el 2 de septiembre.
Expusieron que una cantidad similar será destinada para el segundo periodo, en el que pondrán énfasis en los hechos en el basurero de Cocula.
Investigación del GIEI ahora apunta a Cocula
El embajador de México en la OEA, Emilio Rabasa, adelanta que la prioridad en la segunda etapa de la misión es indagar lo ocurrido en el basurero.
Otro millón de dólares entregará el gobierno mexicano a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para financiar los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hasta marzo de 2016, periodo en el que los cinco especialistas continuarán proporcionando asistencia técnica y recomendaciones a la investigación de la PGR para encontrar a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
Al ser consultado por Excélsior, el embajador Emilio Rabasa Gamboa, representante de México ante la OEA, explicó que fue casi un millón de dólares que el Estado pagó al organismo internacional (en enero de 2015) para el primer mandato que concluyó el pasado 2 de septiembre y que para este segundo, consideran destinar una cifra similar.
Durante los próximos seis meses, adelantó el embajador, los cinco enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “quieren darle un sesgo diferente (a la investigación) ya no tan amplio y genérico como estos seis meses (anteriores), sino más focalizada. Ahora estos seis meses que vienen vamos a conjuntarlos, por ejemplo, en el basurero de Cocula”.
El tiradero de Cocula continúa siendo una de las principales recomendaciones del GIEI a resolver por el gobierno mexicano, pues en su informe los expertos concluyeron “que no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014”.
Estancia del GIEI
“Inicialmente, el presidente Enrique Peña Nieto aceptó que nos quedáramos seis meses más, pero el tiempo (que permanezcamos en la investigación) creo que también va a depender mucho del avance de las investigaciones, pues podría ser más o menos”, afirmó Ángela María Buitrago, una de las cinco integrantes del GIEI, en entrevista con Excélsior.
“En el caso Ayotzinapa hemos tratado de que todo el grupo asuma la mayoría de labores, que los cinco estemos presentes inclusive en las entrevistas con los detenidos, (los presuntos responsables), con las víctimas y con las personas que presenciaron la participación de la policía municipal en Iguala y en Cocula”, explicó Buitrago.
La semana pasada, en la cuarta visita al país del GIEI, los expertos estuvieron presentes en el segundo diálogo entre el presidente con los padres de los normalistas y también asistieron a una reunión de cuatro horas y media con la procuradora Arely Gómez.
Uno de los temas en los que el GIEI puso más énfasis ante la procuradora Arely Gómez para poder finalizar la redacción de su cronograma de los próximos seis meses fue que la PGR realizara a la brevedad una investigación exhaustiva de las llamadas tanto de las víctimas como de los indiciados por los hechos del 26 y 27 de septiembre.
También en esa reunión con la procuradora, el GIEI señaló la importancia de elaborar un registro de todos los desaparecidos, no sólo de aquellos que se han ido encontrando a raíz de la búsqueda de los normalistas, sino de todos los que están evidenciados en México. Y solicitaron a las autoridades federales que trabajen con tecnología satelital capaz de detectar malformaciones en la tierra, donde podría haber cuerpos enterrados.
“Ya sabemos que la PGR ha solicitado ayuda a Estados Unidos y Europa (para echar a andar la Fiscalía de Desaparecidos)”, confirmó Ángela Buitrago.
El GIEI hasta ahora se mostró satisfecho con la respuesta que ha tenido por parte de la procuradora Arely Gómez ante sus críticas. Buitrago aseguró que el trabajo entre ambas partes ha sido tan bueno, que desde la llegada de los expertos al caso, las autoridades federales incluyeron con base en sus recomendaciones 49 libros más a los 86 que ya conformaban la averiguación.
Origen del convenio
Pero cómo nació este convenio entre la CIDH, el gobierno mexicano y los familiares de los normalistas para que se creara el GIEI.
Más que una idea original del gobierno de Enrique Peña Nieto, esta decisión de pagar a un grupo de expertos hasta dos millones de dólares para que los guiara en las investigaciones de Ayotzinapa, surgió como respuesta a las medidas cautelares que la CIDH otorgó a favor de los muchachos desaparecidos en Guerrero, solicitándole al Estado mexicano un mes después de la tragedia, que adoptara todas las medidas requeridas para determinar el paradero de los normalistas con el fin de proteger su vida e integridad.
Ángela María Buitrago, mencionó que entre las funciones que le encomendaron al venir a México fueron: evaluar las líneas de investigación de la Procuraduría General de la República, PGR; apoyar a esta institución a alcanzar estándares internacionales en el caso de Ayotzinapa y añadir información que condujera a posibles rutas sobre el paradero de los estudiantes.
El pasado 12 de noviembre, el Estado mexicano aceptó en un acta firmada por varios protagonistas: el embajador Rabasa, el Centro Pro en representación de los padres de los normalistas, la CIDH e integrantes de la PGR y de la Secretaría de Gobernación; el inicio de la conformación de un grupo de especialistas para que diera seguimiento a las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas por parte de policías municipales y para ello debía de hacer un primer pago de un millón de dólares para financiar sus gastos.
“No podemos anticipar exactamente de cuánto va a ser el gasto porque, de entrada, es desplazamiento a lugares, por lo tanto (implica) pasajes aéreos o pasajes por cualquier otro medio, habitación, comidas, etcétera, y cualquier otro gasto que requieran de carácter de insumos técnicos”, había dicho Emilio Rabasa a un diario nacional a principios de año cuando el gobierno federal hizo su primera contribución a la OEA.
En febrero de 2015, se dio la primera cita entre el GIEI con las autoridades mexicanas en Washington, ciudad sede de la OEA, que encabezó precisamente el embajador Rabasa con los cinco enviados de la CIDH, pero fue hasta el 2 de marzo de 2015, cuando los expertos viajaron juntos por primera vez a Méxi
co.
“Yo no tuve ni idea de cómo fue el proceso de selección de este grupo. Nosotros llegamos por decisión del gobierno mexicano, de los familiares y de la CIDH. A mí me notificaron en enero de este año que había sido seleccionada para implementar esa medida cautelar junto con otros cuatro nombres más: Claudia Paz y Paz de Guatemala, Carlos Beristain de España, Alejandro Valencia también de Colombia y Francisco Cox de Chile”, recordó Buitrago.
El principal propósito de conformar este novedoso GIEI, que desde marzo pasado asesora al gobierno mexicano, era evitar que transcurrieran años para que expertos internacionales en Derechos Humanos investigaran un caso de desaparición forzada como sucedió en Centroamérica y hasta pasado el tiempo ofrecieran sus críticas.
Este grupo élite elegido por la CIDH está siendo pionero en materia de derechos humanos, “porque aquí el apoyo es desde adentro y el gobierno mexicano ha aceptado que le colaboremos”, dijo Buitrago.
Impugnan Álvarez Icaza
A pesar de que el mismo gobierno de Peña Nieto financiara la asesoría del Grupo Interdisciplinario; algunos actores externos, como la asociación de Alto al Secuestro de la señora Isabel Miranda de Wallace, se atrevieron a levantar la voz hace unas semanas para que los cinco expertos abandonaran el caso mexicano, porque expusieron que había conflictos de interés por parte de la CIDH y por parte de Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de este organismo internacional por ser mexicano.
“Emilio Álvarez Icaza tiene intereses en el estado de Guerrero, siempre los ha tenido y sus organizaciones siempre lo han tenido”, abundó en una conferencia de prensa, Samuel González Ruiz, consejero de Alto al Secuestro.
Esta oposición de la señora Wallace en contra del GIEI nació después de la presentación del informe de Ayot-zinapa, donde los expertos denunciaron la omisión de un quinto autobús en la escena de la tragedia; pusieron en duda la “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, y los expertos abrieron otra posible línea de investigación: tal vez el móvil de la agresión de los estudiantes se dio porque en alguno de los buses pudo haberse escondido dinero o heroína para ser transportada de Guerrero hacia Estados Unidos.
“Los del GIEI no tenemos relación con los miembros de la CIDH. En particular con Álvarez Icaza, yo ni siquiera lo conozco. No hay nada debajo (en la cooperación del GIEI al gobierno mexicano) y lo que quieran decir es parte de esa ‘clase de guerra’ que se quiere hacer para especular y sembrar cosas que no son. Sobre esos supuestos, la única finalidad del grupo, la tenemos clara, y es tratar de colaborar en términos investigativos. No hay ninguna otra razón, lo que quieran, lo pueden decir, pero no tiene ningún sentido”, aclaró Ángela Buitrago.
Los elegidos
Basta echar un vistazo rápido a las hojas de vida de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para confirmar su autoridad en materia de derechos humanos.
Claudia Paz y Paz fue la primera fiscal mujer en Guatemala; Carlos Beristaincomo médico y sicólogo ha trabajado en violaciones de derechos humanos y familiares desde hace 25 años, además coordinó el informe Guatemala: Nunca Más. Alejandro Valencia formó parte de las Comisiones de la Verdad en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. Francisco Cox trabajó en apoyo de la extradición del general Pinochet a España.
Ángela María Buitrago es mejor conocida como la Fiscal de Hierro en Colombia. Las investigaciones a su cargo han logrado involucrar a actores de las más altas esferas del gobierno colombiano con paramilitares y delincuencia organizada.
Uno de los casos más sonados involucraba al entonces gobernador de la zona del Meta, Edilberto Castro. Buitrago presentó pruebas para encarcelar dos décadas después, a los entonces general Arias Cabrales y coronel Alfonso Plazas Vegas, que en un principio participaron en el rescate de rehenes en la toma del Palacio de Justicia en 1985 por el grupo guerrillero M19, y que terminaron involucrados en la desaparición de 11 víctimas.
