Durante la comparecencia en el Senado de la República de la titular de la Procuraduría General de Justicia, Arely Gómez González, el senador oaxaqueño Benjamín Robles Montoya exigió enderezar la labor del Ministerio Público Federal, luego de los lamentables acontecimientos de la ejecución de Tlatlaya, los normalistas desparecidos de Ayotzinapa, la fuga del “Chapo”, lavado de dinero en altas esferas de gobierno y el asesinato de periodistas, entre otros hechos de macrocriminalidad.
“Su presencia el día de hoy responde a la grave situación del país en materia de justicia y seguridad, a la crisis humanitaria. Desde antes del inicio de esta administración, el ahora titular del Ejecutivo Federal se comprometió a reducir la violencia a través del combate a los delitos que más lastiman a las y los ciudadanos; secuestro, extorsión y homicidio. Y ni entonces ni ahora, ha habido una decisión política contundente de atacar la macrocriminalidad que se produce por la complicidad de los grupos delincuenciales con sectores de la clase política”, señaló.
Y es que expuso que durante la primera mitad de este sexenio y hasta el mes de agosto pasado, se habían registrado 3 mil 772 secuestros sin contar la cifra negra, así como 17 mil 175 extorsiones.
Mientras que la revelación sobre las ejecuciones sumarias en Tlatlaya y la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala dieron inicio a una espiral ascendente de descrédito del Gobierno Federal; destacadamente en Iguala, por su tardía intervención en el caso, refirió el legislador federal.
A pesar del intento del Gobierno Federal por dejar de lado el tema de la inseguridad, el problema está ahí, vivo y vigente, porque ni la corrupción ni la impunidad han sido combatidas, afirmó Robles.
“Jesús Murillo Karam (exprocurador) dijo que recibía una Procuraduría desmantelada. Usted, señora Procuradora, recibió una Procuraduría profundamente desprestigiada”, apuntó.
Por otro lado, mencionó las contradicciones en que han caído altos funcionarios de la PGR y del propio Gobierno Federal para aceptar las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del relator especial sobre tortura de la ONU sobre las fallas estructurales del sistema de justicia penal, los procedimientos en contra de los detenidos, pero sobre todo sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Asimismo, exigió que explicara las razones por las que los más de cien casos de periodistas asesinados permanecen en la impunidad, lo que coloca al país en el quinto lugar entre los países con menos libertad de expresión según el Comité para la Protección de Periodistas.
Además pidió que diera a conocer cuántos recursos materiales, humanos y técnicos se destinan al combate al lavado de dinero, que sigue siendo una asignatura pendiente.
“Sabemos que los retos que enfrenta la PGR no son minúsculos y menos cuando se encuentra a punto de entrar a un proceso de transición a una Fiscalía autónoma. Pero eso no puede ser justificación de una labor deficiente en la investigación del delito. Es hora de que el Gobierno Federal comprenda que la justicia no es un asunto de imagen y popularidad”, concluyó.
