Triquis regresan al palacio “exigen” reubicación

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Ahora le tocó al grupo de Lorena Merino Martínez. Los triquis desplazados de San Juan Copala regresaron al palacio de gobierno y a cinco años del desplazamiento “forzado” de su comunidad, continúan su exigencia del complimiento del convenio de fecha 13 de septiembre de 2013, en el cual se hizo el compromiso para adquirir un predio para su reubicación definitiva en el municipio de Santiago Juxtlahuaca.

Enfrentando la resistencia de los elementos de seguridad del palacio de gobierno, gritando consignas en contra del gobernador Gabino Cué Monteagudo, una veintena de mujeres, niños y hombres, tratan de colocar sus mantas en el acceso principal como una manifestación de exigencia ante el incumplimiento, del cual dicen “no se ha tenido ni la mínima voluntad de reubicarnos”.

Semanas atrás el grupo de Reina Martínez, fue levantado de las puertas del palacio de gobierno, tras lograr una negociación después de algunas semanas en protesta, la cual también llegó a la entrada principal de lo que se conoce como la “casa oficial”.   

En esta ocasión, es otro grupo de los desplazados triquis de Copala, encabezado Lorena merino Martínez, reinstaló su plantón de manera indefinida en los corredores del palacio de gobierno para exigir su reubicación y el cumplimiento de minutas de trabajo, la atención integral y progresiva de acuerdo con la medida cautelar MC- 197-10 dictada a favor de 135  habitantes de San Juan Copala por parte dela comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En documento entregado en el desarrollo de su manifestación, este grupo  aclara que desde el 10 de octubre de 2010 cuando se firmó el citado convenio, el gobierno del estado no ha movido un solo dedo para buscar un predio para el reasentamiento de 40 jefes de familia que conforman este grupo.

“La indolencia, insensibilidad, indiferencia incumplimiento y omisión del gobierno y sus funcionarios, nos obligan a regresar nuevamente a los corredores del palacio”, señala el documento dirigido a la opinión pública, a la Comisión nacional de Derechos humanos y a la CIDH.