El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó hoy que un juez federal decretó auto de formal prisión contra los profesores de la CNTE Efraín Picaso Pérez o Efraín Picazo Pérez y Othón Nazariega Segura por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo agravado cometido el 7 de julio en el estado de Oaxaca.
En un comunicado, el organismo detalló que dicha falta está considerada como grave en el Código Penal Federal, por lo que no alcanzan los beneficios de la ley para enfrentar el proceso en libertad.
En el caso particular de Nazariega Segura, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, Estado de México, le imputó también el delito contra el consumo y la riqueza nacionales. Esta falta no es grave.
Los presuntos responsables se encuentran a disposición del Juzgado Quinto de Distrito del Estado de Oaxaca en reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, en el Estado de México.
Los profesores fueron detenidos el pasado 29 de octubre. La Procuraduría General de la República (PGR) informó que fuerzas federales ejecutaron órdenes de aprehensión en diversos lugares de Oaxaca en contra de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
En aquel entonces, el Ministerio Público Federal señaló que los aprehendidos podrían alcanzar penas de entre tres a 40 años de prisión y fueron puestos a disposición de jueces federales, ya que “se les vincula con varios delitos federales”.
Entre las imputaciones se encuentran la toma violenta de las instalaciones de la Junta Distrital en Tehuantepec; la toma de instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos como la refinería Antonio Dovalí, en Salina Cruz, y el centro de distribución y almacenamiento El Tule, en la ciudad de Oaxaca.
Asimismo, se les acusa de “actos de vandalismo” en contra de las instalaciones de la Octava Región Militar en la capital del estado y del robo de diez mil libros de texto gratuitos propiedad de la Secretaría de Educación Pública.
En el operativo también fue aprehendido Carlos Orozco Matus, a quien se le menciona como probable responsable de los delitos de motín, daño en propiedad ajena y contra el consumo y riqueza nacional en la toma de las instalaciones de la Junta Distrital electoral en Tehuantepec y de las instalaciones de la refinería Antonio Dovalí, en Salina Cruz, y Roberto Abel Jiménez García, quien es señalado por diversos delitos del fuero común.
Sin embargo, el vocero de la sección 22, Mohamed Otaqui Toledo, advirtió que esta decisión judicial “no cambia el plan de acción ni va a disminuir la movilización; al contrario, vamos a defender los derechos sindicales y a accionar hasta lograr la libertad de los cuatro maestros recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano”.
Mientras tanto, dijo, continuarán protestando en los juzgados federales para denunciar estas arbitrariedades, y el 14 y 15 de noviembre realizarán un boicot a la evaluación programada por la Secretaría de Educación Pública, donde los maestros tienen previsto bloquear las sedes donde se aplicarán los exámenes.
También dijo que consideran que esta decisión del juez confirma que se trata de “un proceso amañado, es un proceso político más que jurídico, pues a los profesores se les violentó el debido proceso al estar incomunicados y no permitir tener una defensa adecuada, ya que el amparo que les concedieron no fue respetado”.
Se trata, acusó, de una “cacería en contra de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sin embargo, ni encarcelando ni girando más órdenes de aprehensión vamos a disminuir la movilización. No cambia el plan de acción. Vamos a defender los derechos sindicales”, puntualizó.
En tanto, en el Istmo de Tehuantepec maestros de la sección 22 realizaron un bloqueo carretero en el kilómetro 309+500, a la altura del poblado “Tapanala” que pertenece al municipio de San Pedro Huamelula, sobre la carretera Salina Cruz-Huatulco, donde exigieron la libertad de sus cuatro compañeros presos en El Altiplano.
Los inconformes reiteraron que el próximo 14 y 15 de noviembre no participaran en la “evaluación punitiva” que anunció la SEP, pues sería darle legalidad a una reforma que no es educativa, sino laboral.
