En el marco de la Reunión Nacional de Fiscalías y Titulares de Unidades Especializadas contra la Trata de Personas, el Gobierno de Oaxaca a través de la Fiscalía General del Estado, propuso la creación de un Protocolo Nacional Integral Único de Atención a Víctimas de Trata, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención a este grave delito que vulnera la estabilidad y bienestar de miles de familias.
Durante la exposición de motivos de este mecanismo, cuyo encuentro se realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la Ciudad de México, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca consideró que el Estado Mexicano debe contar con una política pública definida y clara, para atender este flagelo vinculado con la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
Con la participación del Subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eder Betanzos y con la representación del Fiscal Joaquín Carrillo Ruiz, la Vicefiscal de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Iliana Hernández Gómez, informó que durante las mesas de trabajo, los gobiernos de las entidades federativas coincidieron en la importancia de conjuntar esfuerzos en el intercambio de información, así como compartir protocolos de investigación, detección y atención a víctimas de trata de personas.
Precisó que los acuerdos derivados de este encuentro serán presentados ante la próxima Conferencia Nacional de Procuradores, con el objetivo de reforzar estrategias de combate frente a una problemática que constituye una alta prioridad de los gobiernos de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal.
En este marco, el Gobernador Gabino Cué Monteagudo expresó su beneplácito por el impulso a esta trascedente iniciativa, al precisar que la trata de personas representa un reto que demanda a los tres niveles de gobierno actuar con decisión en la creación de esquemas más eficientes de seguridad y procuración de justicia.
Aseguró que estos mecanismos y estrategias de prevención permitirán combatir y desmantelar las redes criminales dedicadas al tráfico de personas, así como brindar atención a las víctimas, a través de la ejecución de acciones de coordinación a nivel nacional.
Cué Monteagudo ponderó el trabajo coordinado entre las instituciones de procuración de justicia, toda vez que a partir de esta reunión se prevé realizar un estudio y establecer un Protocolo Único de Investigación; instaurar los canales de comunicación e intercambio de información relacionados con el tema, así como buscar la manera de agilizar la información relacionada con la trata de personas.
El mandatario oaxaqueño refirió que su gobierno no solo busca atender un fenómeno que lacera a niñas, niños y mujeres a nivel mundial, sino también busca su erradicación en todos los ámbitos de la sociedad oaxaqueña. A este respecto, recordó que en 2011, al iniciar su administración, en Oaxaca se instaló una mesa especializada para la atención y combate de este flagelo.
“Deseamos contribuir a la sensibilización y concientización de varios sectores de la sociedad sobre este tema– sobre todo en las comunidades más marginadas- para erradicar este delito”, afirmó el gobernante oaxaqueño.
Agregó que como país signatario del Protocolo de la ONU para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, el Estado Mexicano y todas las entidades federativas han asumido los compromisos para adoptar las medidas legislativas, así como las acciones de seguridad, procuración e impartición justicia, que sean necesarias para castigar con todo el peso de la Ley, las conductas relacionadas con la trata de personas.
Ante este escenario, la Vicefiscal de Delitos contra la Mujer por Razón de Género, Iliana Hernández Gómez solicitó la asignación de fondos federales para la prevención, atención y capacitación en esta materia, así como la realización de encuentros con Tribunales de Justicia con perspectiva de género.
A la Reunión Nacional de Fiscalías y Titulares de Unidades Especializadas contra la Trata de Personas, asistieron representantes de los gobiernos de los estados de Sinaloa, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Nuevo León, Baja California, Hidalgo, Tlaxcala y el Distrito Federal.
También los de Jalisco, Querétaro, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, Puebla, Estado de México, Sonora y Sinaloa; así como de la Embajada de los Estados Unidos.
