Por Rodrigo Islas Brito
“Hoy el vaso está lleno de mierda. No podemos pensar que algo muy bueno viene”.
Gustavo Esteva afirma también que la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de las violaciones a los Derechos Humanos durante el 2006 y 2007, “no debe verse como una entidad jurisdiccional del gobierno”
“Sino como una autoridad moral, cuyo informe debe traer una conmoción moral a todos nosotros. Su trabajos, sus investigaciones, sus resultados deben ser lo suficientemente fuertes como para que una fuerza moral explote en nosotros y no se nos vaya por nada”
Es el Foro Público de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, celebrado este 25 de noviembre, y mujeres y hombres se pone de pie al grito de ¡Justicia! y ¡Cárcel para URO!
Por su parte, el comisionado Diego Osorno dice que el recuerdo de lo ocurrido hace nueve años, cuando se dio la confrontación final entre miembros de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y la Policía Federal Preventiva (PFP), que dejó un total de casi 140 detenidos, de los que la mayoría de ellos terminaron siendo trasladados a centros penitenciarios de otros estados, contrasta con los mas diez mil policías federales que han arribado a Oaxaca para garantizar y vigilar este fin de semana la evaluación de las y los maestros oaxaqueños, bajo la protesta y reticencia de su sindicato, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Esto no es casualidad” Osorno dice que en sus investigaciones la Comisión se han encontrado con decenas de víctimas del 2006 que siguen buscando una justicia y una reparación del daño que hasta ahora se les ha negado.
Esteva, activista, director de la UNITIERRA e invitado al acto dice a la luz de los actuales acontecimientos que las movilizaciones magisteriales deben mantenerse (las mismas manifestaciones que el 25 de noviembre del 2006 ya no existían porque los maestros se habían regresado sus casas para recibir sus detenidos cheques) , aunque aclara que estas al final no van a resolver las cosas.
Ideólogo de la APPO durante el 2006, Esteva sostiene que los maestros y la decisión del Estado de evaluarlos a como dé lugar, son solo el pretexto para una militarización del estado de Oaxaca, cuyo propósito por principio es el de establecer en el Istmo de Tehuantepec una zona económica especial que les permita vaciar de recursos y privatizar la zona.
Dice que hoy en México no existe una presidencial imperial como antaño, considera que hoy “realmente no hay nadie a cargo” y que eso debe ser una motivación para que los mexicanos se replanteen sus propio miedo.
De los maestros comenta que deben ver ya hacia el salón de clases, como el terreno para el retroceso o el avance del país, pues ahí en la profesional educación de los pueblos es donde debe dárseles las herramientas para los esfuerzos del estado para desmantelarlos y transfigurarlos en bienes desechables.
Por su parte Osorno lee un informe configurado por más de una decena de victimas del 2006, que rechazan y declaran ilegitimo y premio a la represión, el nombramiento de Eduardo Medina Mora, secretario de seguridad pública del 2006 y uno de los máximos responsables del operativo de hace nueve años.
Alejandro Solalinde, el comisionado presidente dice sobre este acto que “no estamos conmemorando un hecho pasado, no estamos celebrando nada. Si estamos reconociendo la resistencia de las victimas”.
Dice que el gobierno mexicano en sus tres niveles responde a la libertad de expresión con libertad de represión, y se pronuncia por privilegiar el dialogo sobre todas las cosas.
“A los reclamos de justicia no se puede responder con armas ni con movilizaciones policiacas. El pueblo en general necesita ser escuchado”.
Vienen preguntas de un público que se ha dado cita en la explanada de Santo Domingo, días después de que la comisión haya llamado a declarar a más de 80 funcionarios federales, estatales y municipales con campo de acción durante el 2006, cuya lista está encabezada por el nombre que lo define todo, Ulises Ruiz Ortiz.
Maru Mata, presidenta ejecutiva de la Comisión le da lectura a estas preguntas. Vienen apoyos directos hacia la situación magisterial actual, cuestionamientos sobre si Flavio Sosa, presente durante el evento, debe ser realmente considerado una víctima del estado o todo lo contrario.
Se leen reclamos, observaciones sobre lo que puede suceder este fin de semana con los federales y sus vehículos de arresto y combate circundando la ciudad, cuestionamientos sobre si los más de ochenta funcionarios citados por la Comisión están real y legalmente obligados a hacerle caso a su citación, y una pregunta que puede que defina el momento.
“¿Las investigaciones de esta Comisión pueden conducir a que Ulises Ruiz conozca la cárcel?”.
