Por: La Jornada
El quinto tribunal colegiado en materia penal de la ciudad de México tiene listo el dictamen sobre la solicitud de amparo en revisión de Elba Esther Gordillo, en el caso del presunto lavado de dinero y delincuencia organizada que le imputan la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desde febrero de 2013.
De acuerdo con fuentes del Poder Judicial Federal (PJF) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), hoy jueves los juzgadores del quinto tribunal iniciarán la discusión –aunque también cabe la posibilidad de que el asunto sea retirado y se posponga hasta la próxima semana– de un proyecto de resolución que propone amparar de manera lisa y llana
a la maestra y otorgarle la inmediata libertad, por la inexistencia de los delitos que se le imputan.
El proyecto sería avalado al menos por dos de los tres magistrados que integran el tribunal colegiado, durante una sesión que será pública, aunque en caso de que se le otorgue el amparo la ex lideresa del sindicato magisterial, no quedaría en libertad, ya que tiene pendientes otros tres procesos penales por delitos de defraudación fiscal, dos de los cuales son considerados graves y sin derecho a la libertad provisional bajo fianza.
Precedente judicial
Lo que resuelva el quinto tribunal colegiado penal es de capital importancia para la comunidad jurídica en México, ya que si se avala el proyecto de resolución que propone amparar a Gordillo sería el primer precedente judicial opuesto a una postura que han sostenido fiscales federales, funcionarios de la SHCP y de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República desde el comienzo del sexenio peñista, en el sentido de que el delito de lavado de dinero es de naturaleza autónoma y no requiere para su comisión de una falta previa, contra lo que sostiene la doctrina jurídica mundial desde que se creó el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita en países europeos.
Los argumentos legales de los abogados que colaboran con el presidente Enrique Peña Nieto –entre ellos su consejero jurídico, Humberto Castillejos, y el titular de la UIF, Alberto Bazbaz Sacal– refieren que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido popularmente como lavado de dinero, se comete de manera independiente de cualquier otro.
Polémica por los recursos
La procuraduría ha sostenido durante el juicio que, en el caso específico de la maestra, ella incurrió en lavado de dinero, bajo la premisa de que si bien los mil 978 millones de pesos del sindicato magisterial que la maestra desvió a cuentas bancarias personales y al pago de sus tarjetas de crédito eran recursos lícitos –ya que provenían de las aportaciones de miles de maestros–, el dinero se volvió ilícito al momento en que la ex lideresa usó dolosamente las instituciones financieras o bancarias para fines distintos al destino original que tenía previsto una determinada suma.
En su edición del pasado 17 de noviembre, La Jornada publicó la opinión de los doctores en derecho Alberto del Castillo del Valle y Jesús Alberto Guerrero Rojas, así como del abogado penalista Heraclio Bonilla Gutiérrez, quienes coincidieron en que es totalmente inconstitucional que la PGR acuse de lavado a cualquier ciudadano bajo la misma hipótesis que fue imputada a Gordillo.
Bajo la lógica de los fiscales federales, cualquiera podría cometer el delito de lavado de dinero, aunque la procedencia de sus recursos fuera lícita, con el simple hecho de que utilice las instituciones financieras de manera dolosa con fines ajenos a los que originalmente tenían los recursos o bienes, coincidieron en señalar los tres juristas entrevistados por separado.
El quinto tribunal colegiado, que analizará hoy el proyecto de amparo en beneficio de la ex dirigente sindical, está integrado por los magistrados Horacio Hernández Orozco, Juan Wilfrido Gutiérrez y Silvia Carrasco, los tres especializados en materia penal.
