Por: Rodrigo Islas Brito
“La situación actual es muy grave estamos en un Estado de Excepción no declarado, que consiste en usar la ley para hacer prevalecer la impunidad. Es una simulación, en donde la seguridad pública tiene en vilo a la ciudadanía. Oaxaca está pagando el precio de su audacia.”
Gustavo Esteva recuerda que la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos que visitó Oaxaca en enero de 2007 señaló en su informe que, había constatado la aplicación de una estrategia jurídica, policiaca y militar cuyo objetivo último era lograr el control y amedrentamiento de la población civil.
Como participante del foro público de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, el articulista de la Jornada, sostiene que esta estrategia continúa hoy no solo en Oaxaca sino en el país entero.
“Y continúa por una razón muy simple, porque ha fracasado”.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando creó una comisión investigadora para ver lo que había pasado en Oaxaca en el 2006, señaló: “
“No podemos permitir que las detenciones arbitrarias y las torturas de prisioneros se vuelvan una costumbre. Los oaxaqueños viven un estado de incertidumbre emocional y jurídica, lo cual resulta lógico ante autoridades que usan ilimitadamente la fuerza pública al grado de desconocer los derechos humanos que ignoran el derecho jurídico”.
Esteva recuerda que con esto la Suprema Corte dio esperanzas, en lo que parecía un portal hacia la justicia y la reparación. Con una promesa implícita de investigaciones omisiones y excesos de los tres niveles de gobierno acaecidos en el 2006 oaxaqueño, desatendiendo incluso el argumento del gobierno del estado de que investigara también a los inconformes.
Según el también ideólogo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) los ciudadanos no violan derechos, libertades y garantías individuales de otros ciudadanos. Solo tapan carreteras y amarran a otras personas a los postes de luz.
“Pero la Corte no era ministerio público para investigar presuntos delitos de ciudadanos investigaría a la autoridad y actuaría en consecuencia. Esto significaba abrir el camino para terminar con la impunidad”.
Los resultados fueron muy diferentes a los que se esperaban, sentando un precedente en sentido contrario a lo que se visualizaba.
“La conclusión de la comisión de la Suprema Corte de Justicia fue que el único problema fue que el gobierno no había ejercido a tiempo la represión a la que estaba obligado, condenó solamente su retraso”.
“La Suprema Corte de Justicia se hizo cómplice de un atroz estado de las cosas en el que se desmantela todos los días el estado de derecho”.
“Uno de los ministros de la corte aclaró en el 2008, que es totalmente ilusorio el creer que la Corte debe de impartir justicia, nada más falso, inquirió. Es tiempo de cambiarle su nombre a la Corte”.
“El informe de aquella comisión investigadora está plagado de aberraciones jurídicas, es técnicamente ridículo, éticamente insoportable y políticamente criminal”.
“Para los jueces e investigadores los únicos culpables fueron los inconformes, los insumisos, los ciudadanos que pasaron a la acción directa cuando las vías legales e institucionales quedaron agotadas”.
Según Esteva, la Suprema Corte no se propuso en realidad averiguar lo que había pasado en la Oaxaca del 2006, sino se dio por enterada que las autoridades habían violado gravemente las garantías individuales de los oaxaqueños.
Con corporaciones policiacas que afectaron físicamente a un gran número de personas de manera cruel e inhumana. Produciendo una gran número de lesionados, torturados y muertos
Esteva recuerda que la Suprema Corte también liberó a varios de los acusados de la masacre de Acteal, aduciendo fallos en el proceso, dice que esto deja ver un doble rasero, donde la Corte usa las fallas en beneficio de quienes dañan a los ciudadanos, trátese de solados , policías, paramilitares o civiles.
“En prejuicio de los movimientos sociales. Es una acción concertada. La corte valida el uso de la fuerza pública y los paramilitares. Donde los culpables son promovidos, recompensados y reciben toda clase de apoyos”.
El ideólogo vislumbra que hoy en México y Oaxaca vivimos en un lodo social y político. “En un estado de excepción no declarado, un estado de las cosas donde se usa la ley para hacer prevalecer la ilegalidad y la impunidad.
Donde se usa la fuerza pública para facilitar el despojo a los pueblos de lo que es suyo y criminalizar las movilizaciones e iniciativas de la gente.
“Todos los actos donde defendemos lo que tenemos y lo que somos”.
Esteva afirma sin cortapisas, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado respaldo jurídico a prácticas que pueden calificarse como terrorismo de estado.
“Carlos Monsiváis planteó que, la permanencia en el poder de Ulises Ruiz en el 2006 era una enigma profundo y un insulto a la lógica republicana.Hoy ya no es un enigma, es un insulto que nos sabe a todos y define una política nacional en diversos grados y formas”.
Esteva recuerda que se dice no puede lograrse legitimidad sin seguridad, pero apunta:
“La seguridad es imposible sin autoridad y la legitimidad no puede sostenerse sin consenso“.
