Por Editorial El Universal
A la misión de la Policía Federal —prevenir y combatir la comisión de delitos— se le ha sumado en los hechos la de escoltar a profesores que se dirigen a las instalaciones donde serán evaluados como parte de la reforma educativa. Los docentes están siendo resguardados como si fueran a ser blanco de atentados.
El pasado fin de semana 5 mil efectivos cuidaron la sede donde se realizó la evaluación docente en Oaxaca. Este jueves hay más de 6 mil policías federales desplegados en Guerrero, por el examen que se aplicará a poco más de 3 mil maestros del estado. En promedio, cada profesor contará con dos elementos para su seguridad.
La medida podría justificarse en estos momentos ante la necesidad de hacer despegar la parte central de la reforma educativa y por las amenazas que han lanzado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —el sábado pasado en Oaxaca— y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero; sin embargo, hacen falta acciones del Estado para que los grupos que se oponen a la realización del examen dejen de contar con los incentivos para boicotear ejercicios similares en el futuro.
El gasto que representa la evaluación en Guerrero se eleva precisamente por los amagos de inconformes. Sólo para la primera fase de la evaluación docente en la entidad, los gobiernos federal y estatal erogarán más de 11 millones de pesos por el pago de hoteles de lujo, gastos de transportación de los 3 mil 14 mentores que serán evaluados, pago de la sede del examen, personal de apoyo y renta de equipo de cómputo.
Los grupos que han controlado por décadas la educación se han valido de abusos y de oscuros acuerdos con gobiernos locales para obtener prebendas y controlar las políticas educativas en los estados, en especial Oaxaca.
El sector empresarial e incluso el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), entre otros, han hecho llamados al gobierno federal para no ceder a chantajes de los opositores a la reforma educativa.
El problema es que la sola acción de fuerza contra la CNTE y la CETEG no es una solución duradera. Ayer integrantes de la segunda organización irrumpieron en instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Chilpancingo; frente a actos así hay que mandar un mensaje de cero impunidad. En el largo plazo, sin embargo, las acciones deben incluir el retiro paulatino de la base social y política con la que cuentan los violentos.
