Por Sergio González (La Crónica)
En octubre de 2003, la Asamblea General de la ONU decretó la Resolución 58/4 por la cual aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005. En la misma fecha de la aprobación de la Convención, la Asamblea General designó el día de hoy, 9 de diciembre, como el Día Internacional contra la Corrupción.
La Convención fue producto de diversas resoluciones previas, como la de diciembre de 2000, en la que estableció un comité especial encargado de negociar un instrumento jurídico internacional eficaz contra la corrupción, y otras de diciembre de 2001 y diciembre de 2002, relativas a la prevención de las prácticas corruptas y de la transferencia de fondos de origen ilícito, la lucha contra ellas y la repatriación de esos fondos a sus países de origen.
La Convención persigue: promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; y promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.
No hay que olvidar que la OEA y la OCDE se adelantaron. En marzo de 1996 los estados miembro de la OEA adoptaron el primer instrumento jurídico internacional en la materia: la Convención Interamericana contra la Corrupción. Los estados firmantes aseguraron que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos; que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exigía combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas; que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social.
En 1997 la OCDE adoptó la Convención de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. En ella señaló: “la corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas.”
Me pregunto en este nuevo aniversario del Día Internacional contra la Corrupción si nuestro país ha actuado adecuadamente frente al flagelo. Creo que no aún y no adecuadamente. La reforma constitucional de mayo pasado, 10 años después de la entrada en vigor la Convención de la ONU y 19 de la Convención Interamericana, parece ser un buen primer paso. Depende de nuestro Congreso de la Unión la expedición de las leyes generales y federales derivadas.
En este asunto la voluntad política del Estado es indispensable, pero también se requiere del compromiso de los partidos políticos y de los altos decisores en lo individual para que la lucha no se detenga ni desvíe. Eso se verá en calidad, seriedad y alcances de las leyes y políticas públicas que los congresos y gobiernos deben alumbrar el año que entra.
