Por El País
Un dispositivo para tratar la hidrocefalia implantado en el cerebro de al menos 194 mexicanos carecía de autorización para emplearse en seres humanos. Así lo dictamina un informe de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de México que señala que el aparato estaba en fase experimental y que se implantó sin el consentimiento firmado que requiere este tipo de operación. Las intervenciones las llevaron a cabo residentes sin supervisión y los daños que han sufrido las víctimas son irreversibles. Después de 10 años de batallas legales, las afectados exigen una indemnización.
El aparato estaba en fase experimental y se implantó sin el consentimiento firmado que requiere este tipo de operación
“Eso era”, pensó María de Lourdes Walkup, de 54 años, cuando recuerda los dolores insoportables de cabeza, los vómitos y la sorprendente recomendación de tener que dormir sentada. “Fuimos un experimento”, añade esta abogada casi 10 años después de ingresar en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN), para que le extirparan un tumor benigno. Después de la operación, su nariz comenzó a derramar líquido cefalorraquídeo. Lo que le colocaron en su cerebro el 18 de abril de 2006 fue un aparato para drenar el exceso de fluido cerebral provocado por el meningioma que padecía. El problema de este sistema, según denuncian las víctimas, es que no disponía de una válvula para regular la presión. Es decir, constaba de un simple tubo que comunicaba el cerebro con la zona peritoneal. De esta manera, el dispositivo sólo funcionaba si estaba de pie. Los pacientes no podían tumbarse porque sentían que les iba a estallar la cabeza. Y en posición vertical sentían que se vaciaba.
El dispositivo que les colocaron a los 194 pacientes.
El inventor de este aparato fue Julio Sotelo Morales, director del INNN en el momento en el que se colocaron estos aparatos y único dueño de la patente. Sotelo Morales se ha negado expresamente a hacer algún tipo de declaración a este diario. El informe de la comisión arbitral critica su actuación: “Debió informarse plenamente a la paciente de que se trataba de una investigación (…) No hay evidencia de que se hubiese otorgado esa información, de hecho, ni siquiera, pese a tratarse de una persona mayor de edad, con capacidad para ejercer su autonomía, el consentimiento le fue solicitado directamente (…) Se obtuvo la autorización como si fuese un recurso ordinario de atención médica que, reiteramos, no lo es.”
El INNN implantó este tipo de dispositivos durante al menos seis años, desde 2004 a 2009, según los casos recopilados por un grupo de médicos que enviaron un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el número de expediente de cada paciente. El material del tubo es de uso común en los catéteres convencionales, pero, según varios neurocirujanos, “no está diseñado para usarlo dentro del organismo”. “Mucho menos de manera permanente”, remata el exdiputado de la Asamblea del Distrito Federal y neurocirujano del INNN, Rodolfo Ondarza.
El dispositivo sólo funciona si están de pie. Los pacientes no pueden tumbarse porque sienten que les estalla la cabeza
El dictamen que publicó la Comisión Nacional de Arbitraje Médico hace especial hincapié en que estas operaciones las llevaron a cabo médicos residentes sin ningún tipo de supervisión. “Imagínese, las cirugías salían prácticamente gratis al Instituto: el aparato, que lo armaba el mismo camillero, no debe costar más de 40 pesos y no había que pagarles a los profesionales porque eran estudiantes del centro”, señala una enfermera que lleva trabajando en el Instituto desde hace más de 20 años. La actual directora del INNN, Teresa Corona, fue durante la dirección de Sotelo jefa de residentes y tampoco ha querido hacer ningún tipo de declaración a este diario.
Los pacientes no recibieron, sin embargo, ningún tipo de descuento. La hermana de Walkup, Silvia, recuerda perfectamente aquel fatídico 18 de abril de 2006 como si fuera ayer. “La operación nos costó más de 300.000 pesos [unos 17.750 dólares]”, apunta decidida la familiar que lleva cuidando de María de Lourdes desde aquel día. “Jamás nos dijeron que se le iba a colocar un aparato experimental. Sólo firmamos unos documentos para que la intervinieran de urgencia. Dimos nuestro consentimiento, pero confiamos en los que supuestamente eran los mejores especialistas del país”, señala Silvia Walkup.
Las operaciones las llevaron a cabo médicos residentes sin ningún tipo de supervisión
Juan Manuel Armenta, de 50 años, recorre todo el Distrito Federal con un maletín cargado de papeles. Guarda en él todas las facturas y recibos que ha podido recopilar en más de 10 años: tanto de medicamentos, como de camas de hospital, intervenciones quirúrgicas, varias demandas que quedaron archivadas en la Procuraduría General del Distrito Federal. Todo. También el último recibo de la luz de su casa de la que debe más de 23.000 pesos (unos 1.300 dólares), empleados en cuidar a su esposa, Yolanda Guerrero, de su misma edad.
Armenta se ha hecho especialista en medicina, farmacia y derecho. Vive junto a su familia en una humilde vivienda en el centro del Distrito Federal, y desde que en 2004 le insertaron el dispositivo a Yolanda no ha dejado de exigir una indemnización. “Sólo pedimos que por lo menos se hagan cargo de los gastos médicos que le ha provocado ese aparato a mi mujer”, cuenta desesperado.
Yolanda Guerrero es de los pocos pacientes que conserva una prueba definitiva en su cerebro. El tubo que le colocaron hace más de 10 años no ha podido ser extraído aunque ya no esté en funcionamiento. Una válvula es la que ahora regula el líquido desde el otro extremo de su cabeza. “Llevo a Sotelo ahí dentro. Este tubo que tengo todavía me da punzadas dolorosísimas”, asegura Guerrero, que habla lento como si cada palabra que pronuncia se le clavara en la frente.
El dictamen de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, emitido específicamente para el caso de Walkup en 2010, establece que se cometió “mala praxis del personal administrativo del INNN al permitir el empleo de un dispositivo en fase de investigación como un recurso de atención médica ordinaria”. Para el caso de Guerrero, se emitió un escrito ante la Secretaría de Salud. De momento, la demanda ante la PGR se encuentra archivada. Los pacientes y sus familias denuncian que sólo ellos están sufriendo las consecuencias de la creación del exdirector del centro.
