El Consejo Ciudadano de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tomó este 10 de diciembre la determinación de dirigir un extrañamiento al Secretario de Seguridad Pública del estado por declaraciones recientes en que pretendió descalificar el trabajo de protección que el organismo defensor realiza a favor de internas e internos en instalaciones penitenciarias en la entidad.
Los integrantes del Consejo Ciudadano de la Defensoría coincidieron en señalar que las declaraciones del titular estatal de Seguridad Pública evidencian su desconocimiento de los procedimientos que aplica la institución autónoma en su trabajo, y también revelan que desconoce los múltiples señalamientos que diversos organismos nacionales han hecho al cuestionable funcionamiento del sistema penitenciario en Oaxaca.
El titular de la Defensoría, Arturo Peimbert Calvo, anticipó que en breve el organismo emitirá una recomendación por el caso de internas del Centro de Reinserción Social de San Francisco Tanivet que fueron sometidas a tortura, lo cual comprobaron especialistas con la aplicación del Protocolo de Estambul para certificar ese maltrato.
El Defensor señaló que el organismo ha observado que existe una violencia institucionalizada contra las mujeres en situación de reclusión; por ejemplo, la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de la Libertad para el Estado de Oaxaca no hace ninguna consideración respecto de la situación particular de las mujeres en reclusión, y precisó que hay muchas mujeres bajo proceso que llevan años recluidas sin recibir la sentencia correspondiente.
Añadió que la ley tampoco considera los temas relativos a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que radican como internas en algún Centro de Reinserción Social, lo que es otra evidencia de la violencia institucionalizada que padecen las mujeres en dichas instalaciones penitenciarias.
El ombudsman anticipó que la recomendación que emitirá la Defensoría para corregir violaciones a derechos humanos registrados en el Cereso de San Fracisco Tanivet, la institución defensora subraya que es obligación del Poder Ejecutivo respetar los derechos humanos e impulsar políticas, programas y medidas tendientes a que estos derechos sean efectivos para la población en situación de reclusión, sin distinción de ningún tipo.
El titular de la Defensoría instó a las autoridades estatales para que den cumplimiento a las obligaciones internacionales que tienen en materia de derechos humanos. Para ello –abundóؘ– el Estadotiene que incorporar la perspectiva de género en políticas y programas para favorecer la igualdad y no discriminación hacia las mujeres, eliminando los obstáculos que dificulten la participación activa de las mujeres en todas las esferas de la vida pública.
Peimbert Calvo recordó que la violencia hacia las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que trasciende a todos los sectores de la sociedad, independientemente de la clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión de las personas, y afecta negativamente las bases sociales.
