Por Editorial El Universal
Los números que ayer difundió Naciones Unidas son abrumadores. Las mujeres aportan poco más de la mitad del trabajo mundial, pero ganan por ello 24% menos ingresos que los hombres. La discriminación sobre la mitad de la población es el rezago más grave por su tamaño y, al mismo tiempo, probablemente sea el lastre más difícil de erradicar, porque sus raíces corren en lo más profundo de la cultura; datan desde que se tiene registro de la historia.
¿Qué hacer? El poder político ha creado leyes para impedir la desigualdad laboral y en cierta medida ha funcionado. Póngase el ejemplo mexicano más reciente: ahora se obliga a los partidos políticos a postular un mínimo de mujeres en las candidaturas a legisladores federales y locales, así como en ayuntamientos. La última reforma —que promueve una proporción de 50% para mujeres y 50% hombres— se aplicó de hecho en los comicios parlamentarios de este año.
Aun así, la ley sin implementación es letra muerta. En vísperas de las elecciones del 7 de junio pasado y ya iniciado formalmente el proceso electoral, fue necesaria, en varios estados de la República, la intervención de tribunales electorales estatales para dar cumplimiento a la paridad. Desafortunadamente para el resto de las mujeres que no forman parte de la clase política, no son tan visibles los resultados del reforzamiento de programas con visión de género en otros ámbitos de la burocracia. Cabe suponer que en las empresas la igualdad es incluso más difícil de verificar, pues no se puede obligar a las compañías a cambiar sus criterios de contratación o ascenso.
A nivel directivo el problema es aun peor. Las mujeres apenas ocupan 25% de los cargos administrativos y directivos, revela el estudio dado a conocer ayer por la ONU. En dicho ámbito hay toda una tradición, pues en 32% de las empresas no hay una sola mujer desempeñando algún cargo de alta dirección y cuando lo logran obtienen 53% menos salario que sus homólogos varones.
Por eso hay que preguntarnos como sociedad hasta qué punto dejaremos en manos de legisladores y gobernantes la aplicación de la equidad entre personas. Sin duda es en los espacios de toma de decisión donde se debe comenzar, pero pasarán décadas antes de lograr la igualdad sin el apoyo del resto de las partes que conforman un país.
En medios de comunicación, en el hogar, en la convivencia diaria en los espacios públicos habrá que insistir en observar el comportamiento propio, pues dentro de la cotidianidad es donde están contenidos —a veces de forma imperceptible— los residuos del menosprecio.
Volveremos a hablar de estas cifras el 8 de marzo, día de la mujer. Ojalá no sea sólo para una reprimenda anual más.
