Por EL FINANCIERO
En México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es la menos transparente en cuanto al registro de escuelas y maestros.
Y es que de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en el país no existen bases de datos confiables, ya que estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca no han permitido un censo total de los planteles.
El documento titulado “Calidad de la estadística educativa: CEMABE y F-911” se explica que existen “anomalías” en las bases de datos de cuántas escuelas y profesores hay en México.
De acuerdo con este estudio, hay información incompleta para algunos de los estados de la República mexicana, “en particular en Oaxaca,Michoacán, Chiapas y Guerrero con menos de 50 por ciento de cobertura en las escuelas censadas”.
Los líderes de la Coordinadora han denunciado que los planteles en los que operan son los “peores” del país y permanecen en malas condiciones por falta de inversión. Sin embargo, han impedido que se revise el estado de los inmuebles para corroborar sus denuncias.
El estudio explica que actualmente existen dos registros de escuelas: el Sistema de Estadísticas Continuas Formato 911 (F-911) y el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE).
No obstante, existen “anomalías” entre las dos bases. Advierte que la información que proporcionan no permite corroborar la información entre docentes por escuelas, es decir, que se verifique que cada uno de los maestros a quienes se les paga en nómina acudan a un centro de trabajo con una clave válida.
“Muchas de las anomalías entre las bases deben ser verificadas en campo para dar veracidad respecto a la información educativa”, explica el informe.
Comenta también que “el modo en que se comentaron las anomalías descritas con el análisis de calidad sugiere que el formato de entrega de los resultados del CEMABE fue semejante a una auditoría pública. Sin embargo, las aparentes inconsistencias no han sido aclaradas a la sociedad por las autoridades competentes, como se debería hacer con una auditoría pública”.
